Sturzenegger quiso desarmar un kiosco y armó un quilombo: el Gobierno tuvo que frenar su propio decreto

El Ejecutivo suspendió el Decreto 690/2026 tras dos días de puertos parados y más de 150 buques varados. A cambio, los prácticos aceptaron una rebaja del 20% en sus tarifas y ahora negociarán en una mesa técnica el futuro de la actividad.

Del domingo al martes le bastó al sector de practicaje para hacerle pisar el freno a un decreto que había sido celebrado por el equipo económico. El Poder Ejecutivo resolvió suspender la aplicación del Decreto 690/2026, publicado a fines de julio en el Boletín Oficial, que había desregulado por completo los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, canales y puertos del país. La norma llevaba la firma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico «el coloso» Sturzenegger, y terminó siendo la que más rápido tuvo que recular en lo que va de la gestión libertaria.

De la intimación al acta de acuerdo

El conflicto no fue un paro en el sentido clásico: los prácticos son profesionales independientes, así que lo que hicieron fue directamente dejar de tomar nuevos servicios. Alcanzó para paralizar la operatoria en los principales puertos marítimos y fluviales del país desde la madrugada del domingo 2 de agosto. El Gobierno respondió como sabe: intimó a 536 prácticos a ponerse a disposición bajo amenaza de sanciones disciplinarias. No funcionó. Con la cadena exportadora empezando a sangrar en serio, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se sentó a negociar con representantes de empresas, entidades y profesionales del sector.

El resultado, firmado el martes, fue un acta de entendimiento con tres puntos: una reducción del 20% en las tarifas del servicio, la suspensión temporal del decreto, y la conformación de una mesa de trabajo —coordinada por el Gobierno, con participación de Seguridad, Defensa y otros organismos— para revisar los aspectos normativos y operativos que quedaron en disputa. Con la firma, los prácticos retomaron sus tareas de inmediato.

«Alivio», fue lo único que se limitaron a decir desde el sector ante la marcha atrás del Ejecutivo. No hizo falta decir mucho más: la palabra sola alcanza para describir dos días de tensión con más de 150 buques detenidos a la espera de poder entrar o salir de los puertos, y con una pérdida estimada en más de US$4,5 millones diarios solo para el campo.

Una autopista al descampado

Cuando presentó el decreto, Sturzenegger lo vendió con la épica de siempre: los ríos argentinos tenían que funcionar como una «autopista para el desarrollo» y no como un «kiosco regulatorio». La realidad, una vez más, resultó menos amigable con la metáfora. El decreto eliminaba el límite de cupos para la inscripción de prácticos, ampliaba las dimensiones de buques exceptuados de asistencia obligatoria, habilitaba certificados de conocimiento de zona de otorgamiento casi automático y hasta preveía que la Prefectura —o la Armada, si hacía falta— pudiera asumir directamente el servicio. Todo, sin consulta previa al sector que iba a tener que aplicarlo.

El resultado fue el guion que ya empieza a repetirse en esta gestión: decreto primero, incendio después, negociación recién cuando el costo económico se vuelve insostenible. Los capitanes de ultramar lo habían anticipado con dureza apenas se conoció la norma. El Centro de Navegación fue más elegante pero igual de contundente: habló de pérdidas millonarias en divisas y de un golpe a la reputación del país como socio comercial confiable.

La suspensión del decreto no es su derogación. La mesa de trabajo recién arranca y todavía no hay plazos claros para el régimen definitivo que reemplace —o resucite, según cómo termine la negociación— al Decreto 690/2026. Mientras tanto, los puertos empiezan a normalizar el ingreso, salida, atraque y desatraque de buques, aunque la acumulación de barcos en rada y la reprogramación de cargas van a demandar horas, quizás días, antes de que la Hidrovía vuelva a moverse al ritmo de siempre.

Sturzenegger quería desarmar kioscos. Terminó, por ahora, desarmando su propio decreto.