Política
«Falta poco para que diga que lo quieren envenenar, como pensaba Calígula»: ATE salió a cruzar a Milei por los despidos en Olivos
La reorganización del predio presidencial desató el alerta gremial y acusaciones cruzadas.
El Poder Ejecutivo formalizó una reestructuración operativa integral en la Quinta Presidencial de Olivos mediante la disolución de su Administración General y el traspaso pleno de sus funciones a la Casa Militar, organismo dependiente de la Secretaría General de la Presidencia. La medida derivó en la desvinculación de doce trabajadores civiles asignados a tareas de maestranza, cocina y mantenimiento, así como en el desplazamiento del intendente del predio, Osvaldo Javier Sosa. El Gobierno justificó la decisión en protocolos de seguridad y eficiencia operativa pero el accionar desató una fuerte disputa con los gremios estatales, que denuncian despidos arbitrarios y una progresiva militarización de labores no castrenses.
La residencia de Olivos funcionó históricamente mediante una estructura dual: la seguridad exterior e inmediata a cargo de fuerzas militares o policiales, y la gestión de intendencia, mantenimiento edilicio y cocina sostenida por personal civil estatal, en muchos casos bajo regímenes de planta transitoria con más de una década de servicio continuado. La decisión se inscribe en el marco de una política general de ajuste y revisión de la planta estatal impulsada por la actual administración, sumada a recientes controversias judiciales en torno a contrataciones y licitaciones de servicios en el predio que pusieron la lupa sobre su circuito administrativo interno.
Desde la Casa Rosada fundamentaron la disolución del área administrativa en la necesidad de «elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno», contemplando la coyuntura de inseguridad global y los requerimientos protocolares de visitas internacionales. Fuentes del Ejecutivo señalaron además que la unificación de los servicios bajo una sola cadena de mando castrense busca eliminar duplicidades burocráticas y cortar filtraciones de información reservada vinculada a la intimidad y la agenda presidencial. Conforme al plan oficial, la Casa Militar asumirá el control directo de las instalaciones para garantizar un estricto control de accesos y recursos.
En la vereda opuesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó categóricamente la medida y cuestionó el mecanismo de las desvinculaciones. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, denunció que a los empleados se les bloqueó el acceso físico al predio al comenzar su jornada laboral, debiendo retirarse a sus hogares sin notificación legal previa ni causa justificada.
«Despidieron sin ningún motivo al personal de la Quinta de Olivos. Los trabajadores se presentaron a su puesto de laburo como todos los días a realizar las labores que llevan adelante y no pudieron hacerlo. No se les dio ninguna explicación. Nada».
Y completó: «Al parecer Javier Milei y Karina Milei amanecieron hoy creyéndose reyes y cagándose en todos los derechos. Repudio absoluto a esta decisión. Que tengan algo clarito: vamos a dar pelea contra estos despidos en todos los frentes porque acá no pueden manejarse a través de caprichos».
A su vez, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, declaró el estado de alerta general del sindicato y advirtió que impulsarán medidas de fuerza, acusando a la gestión de perseguir a trabajadores de servicios generales y de apelar a argumentos de seguridad para encubrir cesantías en el Estado.
«¿De verdad algunos siguen pensando que no está loco? ¿En serio va a despedir a los trabajadores de la quinta presidencial? No se lo vamos a permitir. Falta poco para que diga que lo quieren envenenar, como pensaba Calígula», calificó Aguiar.
El proceso de transferencia de responsabilidades, bienes y mantenimiento hacia la Casa Militar se completará formalmente en un período máximo de 60 días. Mientras el Gobierno ratifica que las tareas de la quinta quedarán bajo exclusivo régimen militar para compactar el gasto y extremar la custodia institucional, los representantes sindicales preparan impugnaciones administrativas y presentaciones judiciales para exigir la reincorporación del personal civil afectado o la correspondiente indemnización por el cese de sus funciones.
