Presupuesto 2027: Patricia Bullrich dice que no sabía nada sobre los cambios en discapacidad

El mismo día en que la Cámara de Diputados debatía en comisión la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, el proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso contenía en su letra chica una serie de artículos que modifican, derogan o reescriben partes centrales de esa misma legislación. No hubo aviso previo, no hubo acuerdo político y la propia jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que no lo sabía. O al menos eso es lo que dejan trascender desde la bancada oficialista para no ponerle el cuerpo a la frialdad de una decisión que sólo puede caber en la lógica de la racionalidad instrumental, de una o varias mentes trastornadas, o una conjunción de esas variantes.

«A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos«, admitió la senadora en Radio Rivadavia. Y describió la situación en la que la dejó la maniobra: «Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. No, yo no sabía. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás«. «Eso resiente un poco las relaciones», concluyó la Senadora, que más allá de cómo quede su reputación frente a sus pares, se ocupa de dejar en claro su autonomía de criterio respecto a la Casa Rosada.

Qué dice el proyecto

El artículo central es el 39, que modifica la Ley 24.901, la norma que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para personas con discapacidad. El cambio más significativo: el Nomenclador de Prestaciones Básicas deja de tener valores universales. En el esquema vigente, los aranceles que cobran los prestadores son iguales para todos los financiadores, ya sea una obra social, una prepaga o el Estado. El proyecto rompe esa lógica y establece que cada ente obligado podrá determinar los montos en su relación con los prestadores.

Para el Estado nacional, los valores serían fijados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud desde la disolución de la ANDIS a fines de 2025. Si esa actualización no se produce en término, el Ministerio de Salud determinaría los valores de manera discrecional.

El proyecto también propone derogar los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia, lo que afecta el régimen de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la cobertura médica asociada a esa prestación, el mecanismo para convertir de oficio pensiones del régimen anterior y la regulación de los valores del sistema de prestaciones. El artículo 36 fija la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en el 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado.

Las consecuencias que advierten las organizaciones

Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, advirtió que el efecto concreto de la fragmentación del nomenclador sería que una familia pague distinto por la misma terapia según quién la financia. «Fue una sorpresa para todos», resumió sobre la aparición de los cambios en el Presupuesto, y sostuvo que las modificaciones chocan con el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, que Argentina tiene comprometido a nivel constitucional e internacional.

Eduardo Maidana, del Foro de Discapacidad, señaló que la discusión actual debe leerse junto con los dos años previos de deterioro del sistema: desactualización de aranceles, auditorías irregulares en la ANDIS, cierre de centros de día y amenazas de eliminar el nomenclador que finalmente se materializan en este proyecto.

La reacción en el Congreso

En el plenario de comisiones de Discapacidad y Presupuesto, el cruce fue duro. El diputado de Unión por la Patria Juan Marino cuestionó la eliminación de artículos que afectan el esquema de prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad, y calificó la maniobra de ilegal e inconstitucional por violar la Ley de Administración Financiera.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, se sumó a los cuestionamientos. Esteban Paulón, de Provincias Unidas, directamente pidió eliminar del proyecto los artículos que modifican la emergencia en discapacidad. Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, reclamó que el dictamen de las comisiones sea el eje de la discusión presupuestaria, no los artículos ya incluidos por el Ejecutivo.

El contexto agrava la maniobra: en Diputados ya existía un acuerdo político entre oficialismo y oposición para discutir la cuestión de otra manera. Bullrich lo reconoció: «Había habido un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo de determinada manera». Ese acuerdo quedó desactivado por la letra chica del Presupuesto.

¿Un patrón de conducta que se parece a un síntoma?

El sector de discapacidad viene siendo uno de los más golpeados por la gestión Milei. El escándalo de las coimas en la ANDIS (el «tres por ciento» de Karina Milei), la disolución del organismo, la desactualización de aranceles y el ajuste sistemático en las prestaciones forman el telón de fondo de este nuevo episodio. Que los cambios hayan llegado camuflados en el Presupuesto, sin debate previo y sin que los propios aliados del Gobierno los conocieran, hablan del ensañamiento que tienen los que manejan la lapicera presupuestaria con el sector de la discapacidad.