Malvinas: el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para endurecer penas contra petroleras ilegales

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para agravar las sanciones penales, comerciales y administrativas contra las empresas que operen recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. La iniciativa busca blindar la jurisdicción nacional sobre la plataforma continental y elevar sustancialmente el costo económico y corporativo para las compañías que participen en la exploración o explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en el archipiélago austral.

El texto normativo contempla modificaciones a la legislación vigente de hidrocarburos y al régimen penal, estableciendo penas de inhabilitación especial perpetua para directivos, apoderados y empresas asociadas que desarrollen actividades extractivas no autorizadas. Asimismo, fija un esquema de multas económicas actualizadas bajo parámetros internacionales y contempla la clausura de operaciones y la cancelación definitiva del permiso para operar comercialmente dentro del territorio continental argentino a cualquier firma vinculada de forma directa o indirecta con estos proyectos.

La reforma apunta también a dotar a la Secretaría de Energía y a la Cancillería de herramientas jurídicas más expeditas para trabar embargos preventivos y requerir la incautación de buques, plataformas e insumos logísticos que ingresen a aguas territoriales sin las certificaciones oficiales correspondientes.

La presentación parlamentaria se produce en medio de un clima de creciente tirantez diplomática con el Reino Unido, luego de que el Foreign Office emitiera una guía comercial desestimando la jurisdicción argentina en las islas. El foco central de la avanzada legal está puesto en el desarrollo del yacimiento petrolífero Sea Lion, ubicado al norte de Malvinas y operado por el consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration y la compañía de capitales israelíes Navitas Petroleum, cuya puesta en marcha prevé la extracción de cientos de millones de barriles de crudo sin la intervención de las autoridades de Buenos Aires.

Desde el oficialismo remarcaron que el proyecto busca convertirse en una política de Estado que trascienda los mandatos presidenciales, unificando a las distintas fuerzas parlamentarias en defensa de los recursos soberanos del Atlántico Sur.