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Política

El Reino Unido rechazó las advertencias argentinas y afirmó que el país no tiene jurisdicción sobre Malvinas

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Malvinas

El gobierno británico emitió una respuesta formal frente a las advertencias y sanciones impulsadas por la Casa Rosada contra petroleras que operan en el Atlántico Sur, asegurando que la Argentina carece de derecho a ejercer jurisdicción en las islas. A través de un documento oficial titulado «Haciendo negocios con las Islas Malvinas», la administración británica descartó la validez jurídica de las penalizaciones administrativas locales y garantizó su respaldo a las compañías involucradas en la explotación de recursos energéticos en el archipiélago.

En las directrices difundidas a través de sus canales oficiales, el Foreign Office advirtió a los operadores del sector privado que podrían recibir comunicaciones y notificaciones formales provenientes de autoridades de Buenos Aires. Frente a ese escenario, la posición británica sentenció:

«La postura del Gobierno del Reino Unido es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación interna en ellas, ni tampoco respecto de ninguna empresa o particular que realice negocios en las Islas o vinculados a ellas».

En el mismo pronunciamiento, las autoridades de Londres señalaron que «no encuentran fundamento alguno sobre el cual los tribunales de cualquier país fuera de Argentina pudieran ejercer legítimamente jurisdicción» para ejecutar las sanciones promovidas desde los tribunales federales argentinos. Asimismo, el texto minimizó el impacto histórico de las medidas coercitivas locales al recalcar que este tipo de disposiciones regulatorias rigen hace años sin haber obstaculizado la actividad comercial ni el crecimiento económico de los habitantes de las islas.

El foco puesto en el proyecto Sea Lion

La réplica diplomática del Gobierno argentino no tardó en formalizarse a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se repudió la guía comercial británica y se ratificó la soberanía indiscutible sobre el archipiélago, recordando que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur permanecen «ilegítimamente ocupadas» desde 1833. Desde el Palacio San Martín remarcaron que el Estado nacional mantendrá todas las acciones legales y administrativas orientadas a resguardar los recursos naturales ubicados dentro de la plataforma continental argentina.

La disputa diplomática tiene como eje central el desarrollo del yacimiento hidrocarburífero Sea Lion, localizado a 215 kilómetros al norte del archipiélago, cuyas reservas estimadas superan los 500 millones de barriles de crudo. El consorcio a cargo de las perforaciones está conformado por la operadora británica Rockhopper Exploration (35%) y el grupo de capitales israelíes Navitas Petroleum (65%), firmas que concentran las denuncias penales e inhabilitaciones comerciales impulsadas por el Ejecutivo nacional.

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