boca de pozo
Los detalles de la «Ley de Soberanía» que mandó Milei al Congreso
20 años de prisión para quienes exploten recursos en Malvinas y una cláusula que avanza sobre la libertad de expresión.
Dos semanas después de la cadena nacional del 4 de septiembre, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ingresó este jueves a la Cámara de Diputados para comenzar a ser tratado en comisiones. La firma es de Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli y de los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo.
El texto es más amplio de lo que el título sugiere. Malvinas es el eje, pero la iniciativa también crea un Consejo de Seguridad Nacional, regula el uso de la fuerza contra aeronaves y buques, incorpora nuevos delitos vinculados a la influencia extranjera y eleva a rango legal el registro antiterrorista RePET. La arquitectura propuesta reemplaza un esquema fragmentado por una estructura coordinada desde el Poder Ejecutivo, en la que la defensa de los intereses nacionales también abarca la economía, la infraestructura, la inteligencia, la tecnología, el comercio y la política exterior.
Qué dice el proyecto sobre Malvinas
La iniciativa deroga la Ley 26.659, vigente desde 2011, y amplía su alcance. Ya no se limitará a los hidrocarburos: el nuevo régimen sanciona cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables en las Malvinas, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina. Pueden ser alcanzados proveedores, socios, accionistas y controlantes de las empresas involucradas. Las penas llegan hasta 20 años de prisión, con multas e inhabilitaciones.
Las empresas sancionadas quedarán inhabilitadas para operar en el país: perderán habilitaciones, beneficios impositivos y contratos con el Estado. Habrá un registro público de infractores. El proyecto incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos.
El detonante concreto es el proyecto petrolero Sea Lion, un yacimiento offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, que en diciembre de 2025 recibió la decisión final de inversión de las empresas Rockhopper y Navitas Petroleum. Las grandes petroleras globales evitaron involucrarse por el riesgo político de operar en una zona de disputa de soberanía; fueron compañías de escala intermedia las que asumieron ese riesgo. Se estima que Sea Lion contiene 1.700 millones de barriles de crudo, con ingresos proyectados de entre 1.500 y 3.000 millones de dólares.
El problema es que, según registros de la propia Cancillería argentina, Rockhopper y Navitas ya estaban sancionadas e inhabilitadas para operar en el país bajo la ley vigente, y el proyecto igual avanzó durante 2024 y 2025 sin medidas adicionales del actual gobierno. Milei respondió a esa objeción con la tesis de que las sanciones pasadas fueron insuficientes y que la nueva ley busca ampliar el abanico de herramientas.
Un Consejo de Seguridad Nacional y la polémica del derribo
El proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Coordinará las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia.
Ante aeronaves hostiles, se establece una secuencia que va desde la identificación hasta, como último recurso, el uso de la fuerza por orden expresa del Presidente, facultad delegable al ministro de Defensa. Para buques, se contempla persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización. El hundimiento será excepcional, requerirá autorización presidencial y estará prohibido como sanción contra un buque civil o para impedir su fuga.
Desde la oposición algunos memoriosos recordaron que durante la dictadura de Onganía también se creó un Consejo de Seguridad Nacional y plantearon el riesgo que implica poner la causa Malvinas para crear herramientas que luego se usen en materia de política interior.
La reforma política que viajó de polizón
Dentro del paquete viaja una modificación a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. El proyecto impide que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña electoral o propaganda.
También incorpora nuevos delitos: revelar secretos a servicios de inteligencia extranjeros, colaborar con operaciones clandestinas y —la figura más controvertida— realizar, con financiamiento extranjero, campañas coordinadas de desinformación masiva destinadas a manipular la opinión pública o alterar procesos electorales.
Críticos del proyecto señalan que el tipo penal de «manipulación de la opinión pública» tiene un alcance difuso y podría usarse con fines persecutorios.
El delito de «manipular la opinión pública»
Enterrado en el Título VI, el proyecto incorpora al Código Penal el artículo 225 bis: prisión de 5 a 12 años —hasta 15 si median sobornos, amenazas o estructuras organizadas— para quien, actuando por cuenta o con financiamiento extranjero, «procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva».
El tipo penal llega en un contexto que le da un peso particular. El Gobierno ya vetó el acceso de seis medios acreditados a la Casa Rosada y a Diputados, acusándolos de integrar una campaña de desinformación vinculada al Kremlin —acusación que los periodistas afectados rechazaron—. Según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, los ataques contra periodistas aumentaron un 66% durante 2025.
Los críticos del proyecto señalan que el término «desinformación masiva» no tiene definición precisa en el texto, lo que deja abierta la pregunta de quién determina cuándo una cobertura cruza esa línea. La respuesta, según el articulado, sería el Consejo de Seguridad Nacional: el mismo organismo que diseña la política de seguridad, la evalúa y aplica las sanciones, con revisión judicial solo después y sin efecto suspensivo.
