Cultura
Vientres subrogados: el debate ético y la advertencia distópica
Casos de figuras públicas reavivan discrepancias legislativas sobre autonomía corporal y maternidad asistida.
El recurso a la gestación subrogada por parte de figuras de la cultura popular puso de nuevo en el centro de la agenda pública una práctica médica, legal y económica que divide a juristas, bioeticistas y movimientos sociales a escala internacional. La guionista Lena Dunham o los persistentes debates en redes sociales sobre los planes de maternidad de la cantante y actriz Stefani Germanotta -Lady Gaga-, ponen en circulación nuevas discusiones sobre una práctica que se vuelve más usual entre las familias de clase alta.
Hay una línea divisoria entre el ejercicio de los derechos reproductivos y los riesgos de instrumentalización del cuerpo femenino que define un mercado global que superó los 14.000 millones de dólares a nivel mundial, según estimaciones de la consultora de análisis sanitario Global Market Insights, y con proyecciones de crecimiento sostenido sujetas a las muy marcadas disparidades regulatorias.
La noticia de la flamante maternidad de la creadora de Girls -bastión feminista de HBO- mediante la práctica de vientre subrogado volvió a encender áridas discusiones en torno a este método. Más allá de las cuestiones éticas que se pueden pensar al observar el fenómeno, existe al menos una pregunta que vale la incomodidad hacerse: quiénes son las personas que tienen acceso a esa elección de maternidad y quiénes son las personas que alquilan su cuerpo para llevar adelante un embarazo.
De la ficción literaria a la estratificación económica
The Handmaid’s Tale (El cuento de la criada), es una novela distópica publicada en 1985 por la escritora canadiense Margaret Atwood. La historia se sitúa en Galaad, una teocracia totalitaria y fundamentalista cristiana erigida en lo que solían ser los Estados Unidos, surgida tras una crisis de fertilidad global y catástrofes ambientales. La sociedad se reestructura bajo un estricto patriarcado de castas. Las pocas mujeres fértiles que quedan son despojadas de sus derechos, bienes, nombres reales y familias, y son convertidas en «criadas»: esclavas reproductivas asignadas a las élites gobernantes.
La analogía con la obra de Atwood aparece con frecuencia en foros de opinión cuando trascienden casos de celebridades con alto poder adquisitivo que se inclinan por esta práctica a la hora de elegir la maternidad. En la ficción de Gilead, un régimen teocrático despoja a mujeres fértiles de su identidad jurídica para obligarlas a gestar los hijos de las élites dirigentes. Aunque la propia Margaret Atwood ya remarcó en múltiples intervenciones públicas que ninguna de las atrocidades narradas en su libro carece de precedente histórico real, el paralelo con la dinámica socioeconómica del proceso actual es muy trazable: personas o parejas con mucha solvencia financiera contratan la capacidad gestacional de cuerpos que, en la mayoría de los casos dentro de países en desarrollo o estados con marcos desregulados, provienen de sectores vulnerables.
Este contraste se acentúa frente a la experiencia narrada por Lena Dunham, quien documentó su dolor físico derivado de la endometriosis severa y los límites médicos de los tratamientos de fertilidad. Su relato visibiliza la angustia involuntaria de la infertilidad, un problema que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta aproximadamente a una de cada seis personas a lo largo de su vida adulta, empujando a miles de familias hacia opciones reproductivas de terceros.
¿Autonomía reproductiva?
Quienes defienden la gestación por sustitución —frecuentemente amparados en organizaciones de familias diversas y juristas especializados en derecho civil y reproductivo— sostienen que la práctica, adecuadamente normada, representa un acto legítimo de autodeterminación personal y solidaridad.
Voceros de entidades como la American Society for Reproductive Medicine (ASRM), a través de sus directrices éticas coordinadas por comités interdisciplinarios, afirman que la subrogación es un tratamiento médico válido frente a la infertilidad médica estructural (ausencia o daño uterino) o para parejas del mismo sexo y personas no gestantes que buscan conformar una familia biológicamente vinculada.
Juristas partidarios de marcos regulados, como los vigentes en estados como California (EE. UU.) o bajo esquemas estrictamente altruistas como en Canadá o el Reino Unido, argumentan que contratos rigurosos, supervisión psicológica independiente y cobertura médica integral protegen la voluntad informada de las partes y evitan la clandestinidad.
Objeciones éticas: mercantilización y vulneración de derechos
En el extremo opuesto, plataformas feministas abolicionistas, comités nacionales de bioética y organizaciones de derechos humanos denuncian que la subrogación comercial constituye una forma de explotación reproductiva incompatible con la dignidad humana.
Desde la Coalición Internacional para la Abolición de la Maternidad Subrogada (CIAMS), coordinada por activistas e investigadoras como Begoña San José, se plantea que transformar el embarazo en un servicio transaccional cosifica el cuerpo gestante y convierte al recién nacido en un objeto contractual. Argumentan que la compensación económica anula la libertad del consentimiento cuando existe necesidad financiera preexistente.
Informes del Comité de Bioética de España catalogaron a la maternidad subrogada comercial como una vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres gestantes y los menores, advirtiendo sobre las presiones médicas que conllevan la hiperestimulación ovárica y los partos programados. A nivel regional, el Parlamento Europeo ratificó en sus informes anuales sobre derechos humanos su rechazo a la práctica con fines lucrativos, vinculándola a formas de trata y explotación.
El estado global de la legislación
El panorama internacional se mantiene fragmentado sin consenso vinculante. Países como España, Francia, Italia y Alemania declaran nulos de pleno derecho los contratos de subrogación e imponen restricciones a la inscripción consular de menores nacidos bajo este mecanismo en el extranjero, con iniciativas recientes en Italia impulsadas por el gobierno de Giorgia Meloni para tipificar la gestación subrogada en el exterior como delito universal.
En contraposición, varios estados norteamericanos y destinos transfronterizos continúan operando esquemas comerciales transparentes y de alto costo —que oscilan habitualmente entre 90.000 y más de 180.000 dólares por proceso—, mientras países receptores tradicionales de turismo reproductivo, como India o Tailandia, han restringido progresivamente el acceso a extranjeros para evitar redes no fiscalizadas.
Pese a la extendida creencia de un vacío normativo, en Argentina hay una regulación clara sobre filiación. En 2015 se discutió en el Congreso todas las cuestiones de las formas de filiación: la filiación natural, la filiación por técnicas de reproducción humana y la filiación por adopción. Se quiso introducir la legalización de la maternidad subrogada y los legisladores optaron en esa oportunidad por quitarla del proyecto.
En la actualidad, circula por el Congreso un proyecto firmado por el diputado Esteban Paulón. El documento propone regular la técnica de «gestación solidaria» en Argentina como un procedimiento de reproducción asistida de alta complejidad incluido con cobertura obligatoria en el Plan Médico Obligatorio (PMO). La iniciativa establece que la filiación del recién nacido corresponde de pleno derecho y de forma exclusiva a las personas requirentes sobre la base de la voluntad procreacional —sustituyendo la presunción tradicional de maternidad por parto y modificando el artículo 562 del Código Civil y Comercial.
Entre la necesidad biológica o vital de tener descendencia y las advertencias éticas inspiradas por la literatura distópica, la gestación subrogada todavía desafía las fronteras jurídicas y éticas de la medicina contemporánea.
