Política
Represión en el Congreso: la ministra de Seguridad intentó justificar el accionar tras la denuncia de Juan Grabois
Imágenes de la manifestación mostraron a un comisario sin uniforme disparando hacia los manifestantes frente al Congreso.
Las repercusiones por el operativo represivo desplegado frente al Congreso Nacional el pasado 6 de agosto suman un nuevo capítulo: luego de que circularan fotografías y videos que captaron a un hombre vestido de civil apuntando con un arma larga hacia la multitud, la conversación se trasladó de la calle a los tribunales. Mientras el dirigente social Juan Grabois identificó al efectivo y acusó directamente al Ejecutivo, las autoridades de la cartera de Seguridad salieron a justificar la presencia del oficial en una escena de violencia institucional que se repite en la agenda de la política argentina.
La denuncia de Grabois
El dirigente de Argentina Humana rompió el silencio tras la difusión de las imágenes del operativo y le puso nombre al efectivo de civil: se trata del comisario inspector Gustavo Gauna, integrante de la Policía Federal Argentina. Según la declaración de Grabois, este mismo oficial fue quien encabezó su arresto en un procedimiento anterior.
Grabois remarcó la gravedad institucional de que un efectivo intervenga sin uniforme visible, sin la acreditación correspondiente en su vestimenta y portando armamento en medio de una manifestación pública. Esta modalidad vulnera los protocolos básicos de actuación de las fuerzas de seguridad en la vía pública.
Este mismo señor que aparece en la foto, Gustavo Antonio Gauna, mano de obra de Patricia Bullrich y ex custodio de la ministra, fue quien me detuvo arbitrariamente en junio del año pasado por orden de Javier Milei durante una protesta pacífica en el Instituto Perón cuando me… pic.twitter.com/2Jmgg0l8p8
— Juan Grabois (@JuanGrabois) August 10, 2026
La respuesta oficial: «Era una escopeta de estruendo»
Ante el creciente repudio de organizaciones de derechos humanos y bloques parlamentarios, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, buscó atenuar las críticas ofreciendo la versión oficial durante una presentación pública. La funcionaria defendió la actuación del comisario argumentando que formaba parte de las brigadas de investigación que habitualmente prestan servicio sin uniforme de fajina.
Sin embargo, las explicaciones de la funcionaria generaron inmediatas dudas y cuestionamientos por parte de especialistas en seguridad y exfuncionarios del área, quienes señalaron que las brigadas de investigación no están entrenadas ni normativamente facultadas para intervenir operativamente en la contención de protestas sociales portando armas largas.
Cuestionamientos a la cadena de mando y los protocolos
El episodio desencadenó presentaciones judiciales y pedidos de informes en la Cámara de Diputados para citar a las autoridades nacionales. La controversia gira en torno a los límites del protocolo antipiquetes y al uso de armamento no letal por parte de personal no identificado.
Críticos del protocolo oficial remarcan que el despliegue de efectivos sin la indumentaria reglamentaria impide garantizar la transparencia de los procedimientos y dificulta la rendición de cuentas ante eventuales excesos o violaciones a los derechos humanos.
El cruce entre la versión oficial y las denuncias de la oposición abre varios interrogantes sobre el rumbo de las políticas de seguridad en el país:
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Investigaciones en curso: La Justicia deberá determinar si la actuación de Gauna se encuadró dentro de la ley de inteligencia interior o si configuró un incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Revisión de protocolos: El uso de escopetas con munición de estruendo por parte de personal no uniformado en zonas urbanas densamente pobladas quedó bajo la lupa de los organismos de control.
