Política
Qué debate el Senado tras el naufragio de la ley de tierras
La ensaladera que le quedó a Sturzenegger incluye desalojos, manejo del fuego y regularización dominial.
La Cámara alta retomará este jueves el tratamiento de una versión reducida de la iniciativa impulsada por el oficialismo. Tras eliminar los capítulos sobre extranjerización de tierras y barrios populares, el eje quedó puesto en los desalojos «exprés».
El Senado debatirá este jueves una versión acotada del proyecto sobre propiedad privada impulsado por el oficialismo, que tiene como principal objetivo agilizar los desalojos de inmuebles y modificar aspectos vinculados con las expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y la regularización dominial.
La sesión comenzará a las 14 y retomará el tratamiento que había quedado suspendido el pasado 16 de julio, luego de que el Gobierno resolviera retirar del texto los artículos referidos a la extranjerización de tierras y a los barrios populares para facilitar el avance de la iniciativa.
Con esos cambios, el oficialismo busca reunir los apoyos necesarios para aprobar uno de los proyectos impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, caracterizados por introducir modificaciones en distintas leyes dentro de una misma iniciativa.
Cómo funcionarán los desalojos «exprés»
El punto central del proyecto establece un procedimiento más rápido para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente.
La reforma prevé que el desalojo inmediato podrá aplicarse en los casos de inmuebles usurpados o cuando existan tenedores precarios, siempre que el propietario acredite de manera verosímil su derecho mediante documentación y preste una caución juratoria.
En esos casos, el juez podrá ordenar la restitución del inmueble e intimar su devolución dentro de las 72 horas desde el pedido presentado por el propietario.
Cambios para los desalojos de inquilinos
La iniciativa también modifica el procedimiento para los desalojos por falta de pago del alquiler. Antes de iniciar la acción judicial, el propietario deberá enviar una carta documento y otorgar un plazo mínimo de diez días corridos para que el inquilino regularice la deuda.
La notificación podrá realizarse tanto en el domicilio declarado en el contrato como por correo electrónico y deberá indicar el lugar donde efectuar el pago.
Si el incumplimiento persiste, el propietario podrá iniciar el proceso de desalojo, que el proyecto busca resolver en un plazo de diez días hábiles.
Además, la propuesta establece que el dueño del inmueble no podrá negarse a recibir las llaves ni imponer condiciones para aceptarlas, aunque conservará el derecho a reclamar judicialmente las deudas pendientes.
Protección para menores y personas vulnerables
En los casos en que el inmueble esté ocupado por menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos locales de protección y al Ministerio Público Tutelar.
El proyecto dispone que esos organismos contarán con un plazo que no podrá superar los diez días para garantizar una solución habitacional transitoria, sin que ello suspenda el proceso de desalojo.
Expropiaciones con criterios más restrictivos
La iniciativa también introduce cambios en el régimen de expropiaciones.
Entre ellos, establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y exige que el Estado fundamente expresamente los motivos que justifican esa medida.
Además, fija un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante, aspecto que el proyecto original no contemplaba, y dispone que los intereses deberán calcularse según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa a treinta días del Banco Nación.
La transferencia del bien no podrá concretarse sin el pago previo de la indemnización, aunque el Estado podrá solicitar la posesión del inmueble mientras avanza el proceso.
Cuando existan diferencias sobre el valor de la compensación, el juez podrá requerir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Cambios en la Ley de Manejo del Fuego
Otro de los capítulos modifica la legislación sobre manejo del fuego. El proyecto elimina la prohibición que impedía durante treinta años cambiar el uso de predios rurales afectados por incendios en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
En el caso de los bosques nativos, continuará vigente la prohibición de modificar el uso del suelo luego de un incendio, aunque se elimina el plazo de sesenta años establecido por la legislación vigente.
Escrituras y digitalización de registros
La iniciativa incorpora además medidas destinadas a modernizar los registros de la propiedad.
Entre ellas, habilita la presentación de documentación digital en los Registros de la Propiedad de todo el país, un mecanismo que actualmente solo funciona en algunas jurisdicciones.
Asimismo, modifica la denominada «Ley Pierri» de regularización dominial para facilitar el acceso a la escritura de la vivienda única.
De aprobarse el proyecto, podrán acceder a ese beneficio las familias que acrediten una posesión pública, pacífica y continua del inmueble durante los diez años anteriores.
Con la eliminación de los capítulos más controvertidos, el oficialismo buscará este jueves avanzar con una versión reducida del proyecto, centrada en agilizar los desalojos, modificar el régimen de expropiaciones y actualizar normas vinculadas al uso de la tierra y la regularización de la propiedad.
