Política
El Gobierno intimó a más de 500 prácticos a levantar el paro que paraliza puertos y mantiene 140 buques varados
A través de un edicto publicado por la Prefectura Naval Argentina, el Ejecutivo exigió el cese inmediato de la medida de fuerza.
En un intento por desarmar una medida de fuerza sindical y destrabar la parálisis que afecta a las principales vías navegables y terminales marítimas del país, el Gobierno nacional intimó formalmente a más de 500 profesionales del servicio de practicaje y pilotaje para que retomen de inmediato sus tareas. La decisión fue oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial por la Prefectura Naval Argentina (PNA), en el marco de un paro por tiempo indeterminado que ya mantiene frenados a más de 140 buques e interrumpe el normal desarrollo del comercio exterior.

La protesta sindical surgió como respuesta directa al Decreto 690/2026, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo para desregular el régimen de practicaje en ríos, puertos y canales con el objetivo declarado de reducir los costos logísticos. Los trabajadores especializados —responsables clave de asistir a los capitanes en las maniobras críticas de ingreso y egreso en los muelles— resolvieron suspender la atención a embarcaciones nacionales y extranjeras hasta tanto la Casa Rosada no disponga la suspensión o la derogación definitiva de la norma.
Frente al congelamiento de las operaciones en nodos estratégicos como la Hidrovía Paraná-Paraguay, Rosario, Bahía Blanca, Campana y Dock Sud, la notificación de la Autoridad Marítima intimó a un total de 536 baqueanos y prácticos habilitados. La disposición exige que se pongan a disposición de manera instantánea para prestar el servicio bajo los lineamientos fijados en la nueva reglamentación, remarcando que el practicaje constituye un servicio público de carácter esencial para la seguridad de la navegación.
Paro portuario frena 140 buques y genera alerta por posible desabastecimiento de combustible
El documento oficial advierte de manera explícita que la inasistencia o el desacato a la intimación dará lugar al inicio inmediato de sumarios administrativos y sanciones disciplinarias. Asimismo, las autoridades del área señalaron que la continuidad de la paralización en el tráfico fluvial podría derivar en denuncias penales por la interrupción de las vías de transporte, apelando a la responsabilidad operativa y de control de la Prefectura para forzar la restitución del sistema logístico.
La escalada de la tensión sindical mantiene en máxima alerta a las empresas agroexportadoras y al sector energético, que advierten sobre pérdidas millonarias en divisas y un inminente riesgo en la logística de distribución de combustibles. Pese a la presión ejercida por el Poder Ejecutivo mediante el instrumento legal, el conflicto continúa sin una vía clara de solución negociada, mientras decenas de buques permanecen varados a la espera de poder operar.




