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Política

Paro portuario frena 140 buques y genera alerta por posible desabastecimiento de combustible

El comercio exterior y la logística de refinados se encuentran paralizados tras la desregulación del practicaje impulsada por el Ejecutivo.

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Puerto

El comercio exterior argentino y la distribución interna de combustibles enfrentan un escenario de parálisis total a raíz de un cese de actividades por tiempo indeterminado dispuesto por prácticos, pilotos y baqueanos. La medida de fuerza ya mantiene detenidos a más de 140 buques en distintos puntos del país, frenando de manera drástica las exportaciones agropecuarias y la logística marítima.

La interrupción de las operaciones impacta de lleno en terminales portuarias clave para la economía nacional, tales como Rosario, Bahía Blanca, Campana y Dock Sud. Esta parálisis en los muelles de abastecimiento y distribución encendió las alarmas en el sector energético, ante la inminente posibilidad de que se generen faltantes de suministro de nafta, gasoil y fuel oil en el mercado local.

El origen del conflicto radica en la promulgación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La normativa busca desregular el servicio de practicaje para reducir costos logísticos y eliminar regulaciones del sector; sin embargo, los trabajadores exigen la inmediata derogación o suspensión de la medida como condición indiscutible para abrir cualquier instancia de diálogo.

Las repercusiones de la huelga ya provocan pérdidas millonarias en divisas y un severo perjuicio para la competitividad del país. Ante la imposibilidad de operar en muelles locales, diversas embarcaciones y cargas comerciales han comenzado a ser desviadas hacia puertos alternativos en la región, principalmente en Montevideo y el sur de Brasil.

Frente a la escalada de la crisis, la Prefectura Naval Argentina inició notificaciones e intimaciones individuales a más de 500 profesionales para que restablezcan el servicio de forma inmediata. El Gobierno argumenta que el practicaje constituye un servicio público esencial y advirtió que la continuidad de la protesta podría acarrear sanciones administrativas y denuncias penales contra los involucrados.

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