El ejemplo neuquino que expone la trampa detrás de los cambios a la Ley de Tierras

A tres días del debate clave en el Senado por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobierno nacional encaró negociaciones a contrarreloj para introducir modificaciones en el proyecto original impulsado por La Libertad Avanza. Ante la estrechez de votos para lograr la media sanción, el oficialismo anunció la incorporación de un tope del 25% a la compra de campos por parte de extranjeros, corrigiendo la ausencia total de límites que contemplaba el texto primario. Sin embargo, desde la oposición denunciaron rápidamente que la reforma constituye un engaño normativo.

El señalamiento principal fue realizado por la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, quien explicó que la modificación encierra una severa vulnerabilidad estratégica. Según detalló la funcionaria, la normativa vigente fijaba un tope del 15% en tres niveles administrativos distintos: nacional, provincial y departamental. El cuestionamiento central radica en que la versión promovida por el Ejecutivo elimina la escala departamental, manteniendo únicamente la restricción del 25% a nivel provincial, un punto donde justamente se concentran los bienes naturales más valiosos como el agua, el litio, los glaciares y las tierras productivas.

Para graficar el peligro de prescindir del límite a escala local, Vilar apeló a un caso concreto en la provincia de Neuquén. Explicó que áreas emblemáticas como Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso representan apenas el 4,5% de la superficie total de la provincia neuquina, pero engloban la práctica totalidad del departamento Los Lagos. De implementarse el tope únicamente en el plano provincial, esas zonas de alto valor ecológico y turístico podrían pasar de forma íntegramente legal a manos de capitales extranjeros sin sobrepasar jamás la cuota del 25% fijada para todo el territorio neuquino.

Además de los contrapuntos por la extranjerización rural, el texto que buscará la venia parlamentaria introdujo cambios en las facultades jurisdiccionales y en las zonas de seguridad de frontera. Bajo la nueva formulación, la adquisición de inmuebles en áreas limítrofes requerirá el aval conjunto de las provincias y del Ejecutivo Nacional, al tiempo que se dispuso que la inscripción de las propiedades rurales deba asentarse en los registros inmobiliarios locales. En tanto, las empresas con participación estatal extranjera deberán sumar autorizaciones específicas para poder operar en cualquier distrito.

El paquete de reformas que llega al recinto de la Cámara Alta abarca también severas modificaciones en materia de desalojos. Por un lado, se eliminó la obligación expresa de los jueces de velar por las garantías procesales de menores, adultos mayores y personas con discapacidad, trasladando esa responsabilidad directamente a los organismos de protección locales. Por otro lado, para los casos de vencimiento de contrato o falta de pago sin acuerdo previo entre partes, la norma fijó un mecanismo de restitución inmediata bajo la figura de intrusos u ocupantes precarios, reduciendo sensiblemente los plazos judiciales.