Las claves del megaproyecto desregulador de Sturzenegger

El Gobierno nacional avanza en la redacción de un ambicioso proyecto de ley impulsado por el ministro Federico Sturzenegger que busca profundizar la desregulación económica en la Argentina. Con más de 144 páginas y 11 títulos, la iniciativa —que según fuentes oficiales atraviesa sus últimas revisiones técnicas previas a su envío al Congreso tras el receso invernal— plantea reformas de fondo en sectores estratégicos como el comercio, el campo, el transporte marítimo, las finanzas, los servicios profesionales y la industria editorial, con el objetivo de alterar de forma directa las dinámicas de mercado en actividades cotidianas de alto impacto socioeconómico.

Mercado inmobiliario y corretaje: fin de títulos universitarios, colegiación y aranceles

Uno de los capítulos de mayor volumen del proyecto impacta de lleno en el mercado inmobiliario mediante reformas estructurales al Código Civil y Comercial y la Ley N° 20.266. La iniciativa establece que para ejercer como corredor —quien intermedia en compraventas y alquileres— únicamente se requerirá ser mayor de edad y poseer título secundario. De esta manera, el Poder Ejecutivo elimina la exigencia de formación universitaria específica y suprime la obligación de estar colegiado o matriculado para trabajar.

La propuesta modifica el régimen de comisiones al prohibir que cualquier norma o colegio fije honorarios mínimos, máximos o valores sugeridos, consagrando la libre negociación entre las partes. A su vez, se habilita explícitamente a las personas jurídicas y sociedades comerciales a actuar como corredores, y se valida el uso de plataformas digitales y entornos virtuales para concretar las operaciones. También se deroga la restricción que impedía a los corredores ejercer otras profesiones en paralelo y las exigencias de residencia obligatoria en la jurisdicción donde operan.

La desregulación busca fomentar la competencia, dinamizar la oferta de intermediarios y abaratar los costos de transacción para inquilinos, compradores y vendedores. Sin embargo, desde los Colegios de Corredores Inmobiliarios advierten sobre los riesgos de desprotección hacia el consumidor. Se argumenta que eliminar la matrícula y la exigencia de estudios superiores reduce la responsabilidad técnica en operaciones complejas, elimina el control de la ética profesional y debilita las garantías legales ante tasaciones erróneas, estafas o irregularidades en la firma de contratos de alquiler y venta.

Venta libre de medicamentos fuera de las farmacias

Mediante reformas directas a la Ley N° 17.565, el texto autoriza a establecimientos comerciales ajenos al ámbito farmacéutico —como kioscos y supermercados— a exhibir y vender medicamentos de venta libre. Además, formaliza la venta digital con entrega a domicilio mediante servicios logísticos de terceros, faculta a un mismo farmacéutico a ejercer la dirección técnica de múltiples locales y habilita a las droguerías mayoristas a despachar recetas directamente al público.

La iniciativa busca estimular la competencia de precios y descentralizar el acceso a la medicina de menor complejidad en la vida cotidiana. Como contraparte, diversas entidades del sector salud señalan el riesgo de un incremento en la automedicación ante la ausencia del control farmacológico profesional, sumado a la pérdida de ingresos clave para la sostenibilidad operativa de las farmacias de barrio.

Desregulación del campo y fin de la intervención en garrafas

En el plano agroproductivo e industrial, se dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), se establece que los aportes al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) sean opcionales a partir de 2027 y se deroga la Ley de Arrendamientos Rurales para liberar los contratos agrarios. En materia de hidrocarburos, la derogación del marco regulatorio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) prohíbe de forma directa que el Estado fije precios, cupos o márgenes de ganancia.

En el ámbito rural, la medida otorga plena autonomía a las partes para fijar plazos o condiciones de arrendamiento, quitando cargas tributarias obligatorias a las cadenas productivas. En cuanto al mercado energético, la liberación del precio del GLP desregula el costo de las garrafas en el mercado minorista, acotando la intervención estatal únicamente al control técnico de los estándares de seguridad.

Apertura de cabotaje marítimo y activos digitales: el salto hacia la competencia y la tecnología

En la actualidad, el cabotaje nacional —es decir, el transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos— está reservado de manera casi exclusiva a buques de bandera nacional con tripulación 100% argentina, bajo las severas restricciones impuestas por el Decreto-Ley 19.492 de 1944.

Las embarcaciones extranjeras solo pueden operar en ríos y costas locales mediante excepciones temporales altamente burocráticas (waivers). El proyecto elimina esta reserva de mercado autorizando a buques internacionales a prestar servicios fluviales y marítimos internos de forma directa, imponiendo únicamente un esquema gradual de tripulación argentina que va del 0% inicial hasta un 75% si la nave opera más de un año en el país.

El objetivo oficial de esta apertura es derrumbar los elevados costos logísticos del transporte interno de cargas introduciendo competencia internacional en la Hidrovía y las rutas atlánticas. Sin embargo, armadores y sindicatos locales advierten que la medida genera una asimetría de costos frente a flotas extranjeras que operan bajo regímenes fiscales y laborales más flexibles, lo que podría desmantelar la marina mercante nacional y desplazar mano de obra capacitada.

Por su parte, la reforma financiera introduce un salto tecnológico al desmaterializar garantías y títulos valores que tradicionalmente requerían tramitaciones en papel o registros estatales centralizados.

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La iniciativa autoriza de manera explícita el uso de tecnología blockchain y contratos inteligentes (smart contracts) para la constitución de prendas fijas, la emisión de pagarés actualizables y la negociación de warrants sobre productos agrícolas y mineros. Bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), activos virtuales y representaciones digitales podrán respaldar operaciones de crédito, acelerando de forma directa el acceso a financiamiento y liquidez para PyMEs y productores rurales.

Industria editorial y Ley del Libro: el choque por el precio único de la cultura

El punto más controversial del proyecto es la derogación de la Ley N° 25.542, norma que desde 2002 impone el Precio Uniforme de Venta al Público (PVP). Este régimen establece que las editoriales fijan el valor final de cada libro para que cueste exactamente lo mismo en cualquier punto de venta del país, ya sea una gran cadena comercial, una plataforma digital o una librería de barrio. Desde el Gobierno sostienen que eliminar esta unificación liberará descuentos y promociones comerciales, incentivando una competencia de precios que abaratara la literatura para los consumidores.

Por el contrario, el ecosistema de editoriales PyME y librerías independientes advierte que la medida amenaza la supervivencia del sector y de la diversidad cultural. Explican que, sin un precio fijo, los supermercados y grandes plataformas venderán los títulos más populares por debajo de su costo (dumping) para captar clientes, una práctica inviable para los comercios de barrio que no pueden operar a pérdida. Como antecedente, señalan lo ocurrido en el Reino Unido tras la desregulación de los años noventa, proceso que derivó en el cierre masivo de librerías barriales y una posterior concentración del mercado.

Aun antes de ser tratado en el Congreso, el mega proyecto de desregulación ya encendió fuertes alarmas en referentes de todas las actividades alcanzadas, quienes acusan al Gobierno de avanzar con un «desconocimiento técnico» sobre las dinámicas reales de cada mercado. La resistencia va desde la vitivinicultura y el campo —donde advierten sobre un golpe al federalismo con la disolución de la COVIAR y el desfinanciamiento del IPCVA— hasta los colegios de corredores inmobiliarios, que denuncian un intento de precarizar la profesión, avasallar facultades provinciales y debilitar los controles de prevención del lavado. A ellos se suma la Cámara Argentina del Libro, que ratificó al precio único como un escudo indispensable para proteger a las librerías independientes y PyMEs frente a la concentración.

En este escenario, el verdadero debate que se avecina en el Poder Legislativo obligará a dirimir si la propuesta de Federico Sturzenegger logra convertirse en ley tal como fue concebida o si naufraga ante la firme oposición de las economías regionales y los sectores profesionales que mueven la economía real.