Política
Bullrich estalló contra Villarruel por la votación remota de Fernández Sagasti: «Es un mamarracho jurídico»
La ministra de Seguridad acusó a la vicepresidenta de violar el reglamento del Senado.
La tensión dentro del espacio oficialista alcanzó un nuevo pico tras las declaraciones de Patricia Bullrich contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. La controversia se desató luego de que la titular del Senado decidiera someter a votación del pleno la posibilidad de que la senadora Anabel Fernández Sagasti —quien cursa la semana 32 de embarazo y tiene contraindicación médica para viajar— participe de manera remota en el debate sobre la Ley de Tierras. Bullrich calificó la medida como un «mamarracho jurídico» y acusó a Villarruel de actuar al margen de la normativa parlamentaria.
En declaraciones televisivas, la ministra de Seguridad y jefa de bancada oficialista sostuvo que el reglamento del Senado no habilita el sufragio a distancia bajo las condiciones actuales. Explicó que la modalidad virtual solo funcionó excepcionalmente durante la pandemia y remarcó que cualquier cambio en las reglas de juego exige la presentación de un proyecto específico e instrumentar una modificación formal. «La vicepresidenta no puede por una decisión suya cambiar el reglamento. Villarruel no es nadie para cambiarlo», sentenció.
BULLRICH TOTALMENTE DESCONTROLADA AL ENTERARSE EN VIVO QUE VILLARRUEL SE LAS CLAVÓ EN EL ÁNGULO pic.twitter.com/fFWPLy2nTV
— Revolución Popular (@RPN_Oficial) August 5, 2026
La funcionaria elevó el tono del cruce al asegurar que la titular del Senado «está militando claramente para el kirchnerismo» y advirtió que la habilitación del voto remoto sienta un peligroso antecedente institucional. En esa línea, comparó la situación con el histórico episodio del «diputrucho», al argumentar que una votación emitida fuera de los mecanismos previstos reglamentariamente carecería de validez legal.
Paralelamente al conflicto reglamentario, se dieron a conocer modificaciones introducidas al proyecto oficialista de reforma de la Ley de Tierras para destrabar su aprobación. Entre los principales cambios informados destaca la fijación de un tope del 25% para la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras —referenciado en la legislación de Brasil—, la prohibición explícita de compra para Estados extranjeros y la implementación de un esquema de «doble conforme» que exigirá el aval combinado de la Nación y las provincias.
El paquete de reformas incluye asimismo mayores restricciones y controles en zonas de frontera, la exclusión del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) de las modificaciones, y cambios normativos en expropiaciones con el requisito de indemnización previa. Con estos ajustes en la letra del proyecto y en medio de un clima de marcada confrontación interna entre el Ejecutivo y la Presidencia del Senado, el oficialismo busca los acuerdos necesarios con bloques aliados para lograr la media sanción de la norma en la Cámara Alta.
