Política
Malas energías
La motosierra más cara de la historia.
Aunque Argentina posee la segunda reserva gasífera mundial y la cuarta petrolera (Vaca Muerta), se quedará sin energía o con mucho (muchísimo) menos de la necesaria para abastecer a los hogares, el transporte vehicular y la industria. Energía necesaria que se hubiera estado en condiciones de producir, incluso en exceso y en vías de poder exportar, desde marzo o abril.
La “motosierra” energética
Al inicio de la gestión del binomio Milei – Villarruel al frente del Ejecutivo nacional, no solo se prorrogó el presupuesto 2023 para ser el que rija en 2024, sino que, aún “atrasado” en términos reales por efecto de la inflación, el mismo se subejecutó y se sigue subejecutando en el plan de ajuste que hemos denominado y popularizado como “motosierra y licuadora”.
Para el lector desprevenido, la obra pública se presupuesta. Y lo que se presupuesta se incluye en el presupuesto nacional. Bueno: dentro de este ajuste de “motosierra y licuadora”, también “cayó” la obra pública. Esto es de público conocimiento. No importa el medio de comunicación por el cual el lector se informe, ni el color político que se entienda o sepa que tenga. Y el propio Gobierno se encarga, no solo de aceptar esto, sino de “enarbolarlo como bandera”.
La obra pública incluye una multiplicidad de variantes y objetivos. Entre ellos, siempre y bajo cualquier gobierno, por lo menos mantener el sistema energético. Prosigamos.
El gasoducto Presidente Néstor Kirchner, diariamente, transporta 11 millones de metros cúbicos de gas natural.
Para 2024, se encontraban pendientes culminar las obras de las plantas compresoras de Salliqueló, Tratayén y Mercedes, que hubiesen significado duplicar dicha capacidad. ¿Qué pasó? Se frenaron las obras.
Decenas de grandes empresas (petroquímicas, petroleras, cerealeras y empresas agroindustriales) sufrieron la semana pasada cortes en la provisión de gas, debiendo interrumpir sus cadenas de producción, mientras que hogares y comercios («demanda prioritaria») emplearon casi el doble de metros cúbicos diarios que los que normalmente requieren para el mes de mayo, que es de 45 millones.
CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), que ya licitó 12 barcos de gasoil y fuel oil, compraría unos 8 barcos adicionales (en principio) para destinarlos a la generación de energía térmica, que representa más del 50 % de la generación total de energía.
Pero ENARSA, que había contratado con Petrobras un barco de GNL para alimentar la terminal de Escobar desde el miércoles pasado, por la falta de dólares para cancelar el pedido (¡y por confeccionar erróneamente la carta de crédito!) se quedó sin ese suministro, lo que obligó a la empresa a convocar a un comité de crisis que terminó decidiendo, ya el martes pasado, por la noche, notificar a todas las distribuidoras de energía para que informen a sus clientes la interrupción del suministro de gas a esas decenas de grandes empresas (cerca de 200) mencionadas párrafos atrás: todas de Córdoba, Santa Fe (sur) y provincia de Buenos Aires (norte).
Así, por ejemplo, Litoral Gas (distribuidora) informó a sus clientes que «Transportadora de Gas del Norte S.A. ha declarado una situación de Fuerza Mayor, razón por la cual se ve comprometido el normal abastecimiento de la demanda prioritaria en nuestra zona de distribución» y que “con el fin de evitar la afectación del suministro a la demanda prioritaria, nos vemos obligados a solicitarle que cese a la mayor brevedad y hasta que medie comunicación expresa en contrario, el consumo de gas natural en sus instalaciones industriales, independientemente de quién sea su proveedor de transporte y/o gas».
A estas se suman los cortes de suministro a las estaciones de GNC, casi en su totalidad, porque la gran mayoría pasó de contrato ininterrumpible a interrumpible (que pueden sufrir el corte del suministro) debido al menor costo que representa este último, sobre todo ante la baja del consumo, no solo de combustibles hidrocarburos sino también del GNC.
Algún “error de cálculo”
Lo que especuló el Estado nacional es que las subas de las tarifas de electricidad y gas producirían una caída en la demanda residencial (o sea, de los hogares) y que, por ende, no sería necesaria mayor generación y/o compra y distribución de energía. El “error de cálculo” derivó en la decisión habitual en picos de consumo de energía de cortar el suministro a las industrias para priorizar el suministro a los hogares.
Todo esto, con excepción de las industrias de procesos continuos como, por ejemplo, las que emplean hornos de fundición que deben mantener, no solo encendidos “24 por 7”, sino que no deben mermar su temperatura por debajo de ciertos niveles: vidrios, metales, etc. Si van a “bajar palancas”, esperemos sepan cuáles bajar y cuáles no: hay bienes de capital que, apagados “a tontas y a locas”, se pierden y no se recuperan, y significan cientos de millones de dólares de pérdidas de riqueza para la Nación. En muchos casos, en “líquido” en el B.C.R.A (exportaciones).
Las obras que no
La planta de Salliqueló, por el freno de las obras, se completaría hacia fines de agosto, mientras que la de Tratayén comenzaría a operar en junio, generando un ahorro de unos USD 350 millones al año, entre importación de GNL y sustitución de combustibles líquidos.
La planta de Mercedes, por su parte, ya se encontraría operando si no fuera porque ENARSA hubiera retaceado cancelar deuda con las empresas a cargo de la misma (unos USD 30 millones).
Se estima que, como mucho, las necesidades de importación de gas, en caso de que las obras se hubieran continuado, ascenderían a unos USD 250 millones. Pero, por no cancelar deuda por USD 40 millones, el Estado se vio obligado a pagar, al contado (al momento de redactarse la presente nota), la suma de USD 500 millones.
En resumen: con la paralización de la obra pública destinada a energía, de mínima y solo hasta junio, el Estado pierde USD 210 millones por “patear” deuda con los obradores.
En el Energy Report de Ámbito.com del pasado miércoles, Sebastián D. Penelli agrega que “(…) actualmente se están importando 1.537 MW de potencia, y si las represas de Santa Cruz estuvieran hoy en funcionamiento, se tendrían 1.310 MW de potencia. Otra obra que fue dejada de lado temporalmente.”
Los costos de la impericia
“Una recesión económica de niveles superlativos es, ante todo, una combinación de fraude e ignorancia.”, señalábamos en la nota “El impacto de la ley Bases en la legislación laboral”, semanas atrás.
Esta parte del todo tiene que ver, principalmente, con la ignorancia. El Estado (los Estados) se manejan bajo el principio de continuidad y este ha sido vulnerado en su praxis. Ya sea por tomar un camino de ajuste fiscal sin precedentes y un rumbo general marcadamente opuesto al gobierno que lo precedió; como por el hecho de la “falta de firmas”, que deriva del temor de los pocos “funcionarios propios” a la hora de asumir responsabilidades de gestión, en muchos casos, por visible o fácilmente comprobable impericia: no hay continuidad fáctica del Estado.
Existe continuidad legal pero no de praxis, en el manejo “cotidiano” de la cosa pública.
Si en alguna de las medidas del desaguisado gubernamental la nota se queda corta, es porque tanto al momento de redactarse como al de publicarse esta entrada, y mientras Ud. lee, los efectos de las acciones y las omisiones en que se incurre en la gestión, los costos de la impericia, se encuentran aún “en desarrollo”.
