Caso Adorni: el Gobierno sueña con dar vuelta la página pero los tribunales traerán más novedades

La causa judicial que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito sigue su curso y esta semana tendrá un nuevo capítulo con dos testimoniales que pueden resultar decisivas para reconstruir el origen y el destino de parte de su patrimonio.

Un puñado de testimonios que pueden seguir complicando al Jefe de Gabinete

El primero en declarar será Matías Tabar, el contratista que hizo refacciones en la propiedad que el jefe de Gabinete tiene en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Tabar fue citado para este lunes a las 11 por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que busca determinar cuánto dinero desembolsó Adorni para renovar esa vivienda adquirida a fines de 2024.

El miércoles será el turno de Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que participó en la compraventa del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito. Miano aparece en el expediente como uno de los organizadores centrales de la operación y como nexo, junto con su socio Pablo Martín Feijoo, el hijo de la otra jubilada involucrada.

La investigación no se limita a esas operaciones. En los últimos días también trascendió que Adorni habría tenido gastos superiores a 9 millones de pesos en un viaje familiar corto a Bariloche, y que se detectaron otros traslados de características similares. A partir de esos datos, la fiscalía prepara además la declaración de un testigo clave cuya identidad todavía no fue difundida.

Adorni insiste en que todo lo pagó con su plata pero surge otro interrogante: ¿De dónde sacó tanta plata?

Adorni sostiene que todos sus viajes familiares fueron pagados con fondos propios y que se trata de gastos de índole personal. En esa línea, remarcó que el Estado no registra pagos por sus traslados privados y defendió la legalidad de su patrimonio, al asegurar que sus declaraciones juradas fueron presentadas conforme a la Ley de Ética Pública.

Sin embargo, la investigación judicial avanza en otro sentido. En los próximos días, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) profundizará el análisis de las inconsistencias detectadas entre los ingresos declarados por el funcionario y una serie de gastos, valores patrimoniales y operaciones que aparecen como difíciles de explicar.

El uso de la custodia para que su mujer vaya al bar, abre otro foco de cuestionamiento

La causa también sumó un costado político después de que el diputado nacional Rodolfo Tailhade le reclamara explicaciones por el uso de autos oficiales y de custodia por parte de la esposa de Adorni para actividades personales. Como respuesta, el jefe de Gabinete anunció que denunciará al legislador por presunto espionaje.

Mientras tanto, el Gobierno busca cerrar filas en su defensa. En la Casa Rosada destacan la gestión de Adorni al frente de la comunicación oficial y de la coordinación interna de la Presidencia, y apuestan a mostrar normalidad institucional con la reapertura de la sala de periodistas acreditados y la posible reanudación de sus conferencias de prensa diarias.

Pero el expediente judicial seguirá avanzando durante todo el mes. La fiscalía busca contrastar los ingresos del funcionario con la compra de propiedades, el pago de viajes al exterior y otros movimientos patrimoniales realizados desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.

En ese marco, la presentación que Adorni hizo el 29 de abril en el Congreso, donde negó haber cometido delitos, no modificó el rumbo de la causa. La investigación sigue abierta y cada nueva testimonial parece ampliar, más que cerrar, el campo de dudas sobre el patrimonio de uno de los funcionarios más visibles del gobierno de Javier Milei.