Patagonia
El Gobierno anunció que se retomará la construcción de la represa Jorge Cepernic
ENARSA llegó a un acuerdo con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que ejecuta la obra.
El Gobierno nacional formalizó un acuerdo entre ENARSA y las empresas contratistas para retomar la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, un proyecto estratégico para el sistema energético argentino que se encontraba detenido desde hace años. La decisión, mueve el tablero en muchos sentidos, tanto para la economía doméstica de esa provincia, castigada por el ajuste y el deslizamiento de las inversiones en hidrocarburos hacia Vaca Muerta, como en el ámbito energético y el internacional, por la presencia de una importante empresa china en la UTE a cargo de la ejecución de la obra.
La decisión fue informada por la Secretaría de Energía y busca destrabar un conflicto contractual y financiero que había paralizado el avance de las obras. El plan de trabajo establece como prioridad la finalización de la represa Jorge Cepernic, la estructura que presenta el mayor grado de avance dentro del complejo.
La represa más avanzada del proyecto
Actualmente, la central Jorge Cepernic registra un 46% de ejecución, lo que permite proyectar resultados en un plazo menor respecto del resto de las instalaciones previstas en el complejo hidroeléctrico.
De acuerdo con la nueva planificación oficial, la represa podría entrar en funcionamiento en 2030. Una vez operativa, contará con 360 megavatios de potencia instalada y aportará 1.860 gigavatios hora anuales al Sistema Argentino Interconectado (SADI).
Un proyecto demorado durante más de una década
El proyecto hidroeléctrico fue licitado en 2013, con una fecha de finalización prevista para 2023, pero el cronograma nunca se cumplió debido a interrupciones sucesivas en las obras que incluyen decisiones políticas durante el macrismo, morosidad durante el albertismo y el desinterés mileísta que, en este caso, no se sabe si es hijo de la ignorancia, el dogmatismo, la tensión con China o las exigencias de Estados Unidos.
Según el informe oficial, la ejecución quedó atravesada por incumplimientos contractuales y la falta de actualización de precios frente al aumento de costos, lo que terminó generando la paralización de los trabajos.
Desde 2016 no se habían realizado las redeterminaciones de precios previstas en los contratos originales, una situación que derivó en la detención de las máquinas y en un conflicto prolongado con las empresas constructoras.
Reclamos por más de US$700 millones
El estancamiento del proyecto generó además una deuda significativa para el Estado nacional. De acuerdo con los registros oficiales, las empresas contratistas acumularon reclamos por más de US$700 millones, vinculados a las actualizaciones de costos pendientes y a las interrupciones de obra.
Hasta el momento, el Estado ya ejecutó US$1.800 millones en la construcción de ambas represas. Para completar el complejo hidroeléctrico se necesitará una inversión adicional de aproximadamente US$5.000 millones.
