boca de pozo
Cristina Kirchner acudirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar su condena
La presentación fue acompañada por una columna publicada en medios internacionales.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que presentará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al sostener que la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos vulnera derechos y garantías reconocidos por el derecho internacional.
La decisión fue comunicada mediante una columna publicada en simultáneo en medios internacionales, entre ellos El País de España y Libération de Francia, y fue respaldada por una conferencia de prensa encabezada por sus abogados, quienes oficializaron la presentación de una comunicación individual ante el organismo con sede en Ginebra.
La intervención del Comité de la ONU
El Comité de Derechos Humanos deberá analizar, en una primera instancia, si la presentación cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En caso de considerar que el planteo resulta admisible, el organismo podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir una recomendación sobre el caso.
En su artículo, la ex mandataria afirmó que el recurso internacional no responde a una mera disconformidad con las decisiones de la Justicia argentina.
“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, sostuvo.
Críticas al proceso judicial
Fernández de Kirchner calificó la inhabilitación perpetua impuesta en la denominada causa Vialidad como una forma de «proscripción» y afirmó que la condena afecta a «la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina».
Asimismo, aseguró que el expediente estuvo atravesado por arbitrariedades incompatibles con las garantías del debido proceso y denunció un contexto de hostilidad que, a su entender, refleja prácticas de machismo estructural dentro de sectores del Poder Judicial.
La ex presidenta sostuvo además que cuando la Justicia deja de actuar como garante de derechos y pasa a intervenir en la competencia política se produce un deterioro de la calidad democrática.
El atentado de 2022 en su argumentación
Entre los fundamentos de la presentación internacional, Cristina Kirchner también incorporó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
Según expresó, aquel episodio «puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática«. La ex mandataria consideró que ese hecho forma parte del contexto político e institucional en el que se desarrolló el proceso judicial.
Un planteo que, según la defensa, excede su caso personal
En su texto, Fernández de Kirchner sostuvo que la condena no solo afecta su situación individual, sino también el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes mediante el voto.
También remarcó que no busca un tratamiento excepcional, sino un proceso «imparcial, independiente» y compatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.
Refuerzo del equipo jurídico
Para impulsar la estrategia ante los organismos internacionales, la defensa incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, quien integró el equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego.
Ambos participaron de la presentación junto al abogado Alberto Beraldi, quien encabeza la defensa de la ex presidenta en la Argentina.
La situación judicial
Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema en junio de 2025.
Posteriormente, en julio de 2026, el máximo tribunal también dejó firme el decomiso de bienes por 684.990 millones de pesos dispuesto en el mismo expediente.
La ex mandataria concluyó que continuará utilizando todas las herramientas previstas por el Estado de Derecho para sostener su inocencia y afirmó que la defensa de las garantías judiciales trasciende su situación personal y constituye una cuestión de interés para el conjunto de la sociedad.
