Crece la tensión en las universidades ante la sospecha de que el Gobierno no aplicará los aumentos por ley

El frente educativo vuelve a encender las alarmas en el cierre del mes. Rectores y autoridades de las universidades nacionales de todo el país advierten que están a las puertas de un nuevo  conflicto si el Poder Ejecutivo no liquida los sueldos de julio con la recomposición contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario. La incertidumbre crece a medida que se acerca la fecha de cobro, ya que en el sector sospechan que el Gobierno omitirá aplicar los incrementos salariales para docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles que fueron ratificados por la Corte Suprema.

A pesar de la medida cautelar confirmada por el máximo tribunal, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señalan que los giros recibidos hasta el momento no reflejan la actualización dispuesta por la Justicia, habiéndose abonado únicamente pautas fijadas en acuerdos parciales de menor volumen. Ante la falta de respuestas claras por parte de la Secretaría de Educación y los pedidos de informes cursados desde el Congreso, las casas de estudio se preparan para corroborar en los recibos de sueldo si efectivamente hubo una omisión de los artículos 5° y 6° de la normativa vigente.

Desde la postura oficial se argumenta que el cumplimiento pleno de las partidas dependerá del flujo de ingresos que generen las nuevas medidas fiscales y reformas de fondo impulsadas por el equipo económico. Sin embargo, en el ámbito universitario consideran insostenible esta postergación sistemática, señalando que la falta de actualización erosiona día a día el funcionamiento operativo de las facultades y el poder adquisitivo de sus trabajadores.

Frente a esta parálisis, el titular del CIN, Franco Bartolacci, solicitó habilitar la feria judicial para resolver la cuestión de fondo y declarar la inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos que condicionan la aplicación de la ley. De no registrarse los aumentos estipulados en las próximas liquidaciones, los rectores ya anticipan que profundizarán las acciones legales y que el conflicto volverá a trasladarse con fuerza a las calles y a las aulas.