La CGT recusó a los jueces que avalaron la reforma laboral y los denunció por «falta de ética»

La Confederación General del Trabajo (CGT) profundizó su ofensiva legal contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. En una presentación formal, la central obrera recusó a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que revocaron la medida cautelar que mantenía suspendido el capítulo laboral del DNU 70/23. Según el planteo de la entidad sindical, el fallo que habilita los cambios en las condiciones de contratación y despido adolece de vicios procesales y falta de imparcialidad.

El eje del reclamo se centra en una denuncia por «falta de ética y de imparcialidad manifiesta» contra los magistrados que intervinieron en la resolución. La CGT sostiene que los jueces habrían actuado bajo presiones políticas y en contra de la jurisprudencia establecida que protege la estabilidad de los derechos adquiridos. «Es una decisión que desconoce el carácter protectorio del derecho del trabajo», subrayaron desde el equipo legal de la central, advirtiendo que el fallo deja a los trabajadores en un estado de vulnerabilidad jurídica frente a la patronal.

Para la conducción de la central, el avance de la reforma laboral por decreto representa una vulneración de las facultades del Congreso y un ataque directo a la organización sindical. La recusación busca desplazar a los jueces cuestionados y asegurar que un nuevo tribunal revise la validez constitucional de la normativa. «Estamos defendiendo la división de poderes y la vigencia de las leyes que costaron décadas de lucha conseguir», manifestaron voceros de la CGT, quienes consideran que el tribunal actuó con una celeridad sospechosa para favorecer al Ejecutivo.

En paralelo a la estrategia judicial, la CGT ratificó que mantendrá el estado de alerta y movilización, vinculando el reclamo en los tribunales con la resistencia en las calles. Los dirigentes gremiales aseguran que el DNU, al facilitar las tercerizaciones y reducir las indemnizaciones, busca precarizar el mercado de trabajo de manera irreversible. «Este fallo no es técnico, es una decisión política disfrazada de sentencia judicial que atenta contra el modelo sindical argentino», denunciaron  tras la presentación del escrito de recusación.

Finalmente, la resolución de este conflicto queda en manos de la Corte Suprema o de una instancia revisora que deberá determinar si los jueces denunciados pueden seguir interviniendo en la causa. Mientras tanto, el clima de tensión entre el sindicalismo y el Poder Judicial crece y suma un nuevo capítulo a la batalla por la desregulación económica.