Un decreto desde la tribuna

Milei firmó a la medianoche un DNU que habilita expulsar o prohibir el ingreso a extranjeros que «incitaren mensajes de odio» contra el pueblo argentino o «ultrajen los símbolos patrios». La Oficina del Presidente lo presentó como respuesta a las hostilidades que argentinos sufrieron en el exterior durante el Mundial: en España, la asociación MARES relevó entre 24 y 26 denuncias, incluido un apuñalamiento en Puerta del Cid y una golpiza de seis personas contra un hombre por llevar la camiseta albiceleste. Episodios reales, cierto, pero acotados en el tiempo y ya en retroceso según la propia MARES, que habla de una «merma» en los ataques físicos y de que lo que queda son agravios verbales dispersos.

La medida, que tal vez no tenga precedentes en la Argentina, difícilmente ayude a proteger a los compatriotas que se encuentran en el exterior, pero muy probablemente brinde los argumentos que les faltan a quienes consideran que el drama del racismo se acentúa en nuestras latitudes.

¿Qué es «ultrajar los símbolos patrios»? El decreto no lo dice. Y esa vaguedad, en una norma con capacidad de deportar gente, es la parte que debería preocupar más que el gesto en sí. Cualquier chiste, cualquier comentario ácido de un turista sobre la bandera puede terminar encuadrado ahí. Por fortuna, el decreto tiene toda la apariencia de ser un gesto para la tribuna, porque de lo contrario las miradas deberían apuntar primero al Ministro de Economía, que días atrás le dio la camiseta argentina con el número 10 a la jefa del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva.

También llama la atención el timing. El Gobierno se guardó el silencio durante toda la semana en que los ataques ocurrían —ocupado en capitalizar el andar de la Selección— y recién sacó el decreto cuando el tema ya bajaba de intensidad en la agenda. La bandera de los símbolos patrios, en la previa del Mundial, tampoco estuvo tan firme: el propio Gobierno avaló la prohibición de FIFA para ingresar con la de Malvinas al estadio, Milei se mostró crítico sobre las manifestaciones de patriotismo o defensa de la soberanía nacional, y a la Cancillería le llevó un rato largo encontrar el coraje suficiente para apenas decir que esa bandera -la de «las Malvinas son argentinas»-, «dice una verdad».

Con ese historial, el DNU se lee menos como una política de Estado que como un gesto de ocasión: aprovechar el clima post-Mundial para instalar una herramienta de control migratorio con una definición elástica, sin que medie una discusión pública ni legislativa. El decreto de Milei no lo viste mejor que un taparrabos frente a la falta de cobertura que tiene este Gobierno en materia de defensa de la soberanía.