Causa Adorni: vence la prórroga judicial y la fiscalía aguarda precisiones sobre su patrimonio

La Justicia federal aguarda la presentación del descargo formal de Manuel Adorni, a días del vencimiento del plazo extraordinario otorgado para responder a un pliego de veinte preguntas formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa analiza inconsistencias patrimoniales detectadas durante su paso por la función pública, período en el cual los consumos registrados por su núcleo familiar habrían superado holgadamente los ingresos lícitos declarados ante los organismos de control.

La pesquisa judicial determinó que, durante los meses en que se desempeñó en el Poder Ejecutivo, Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, acreditaron ingresos formales por un total de $229.752.283,20. No obstante, los registros financieros incorporados al expediente revelaron desembolsos familiares por $272.820.832,20 en moneda local —arrojando una diferencia sin justificar de $43.068.549— a los que se sumaron gastos en divisa extranjera por USD 402.578,12 que, según el criterio del dictamen del Ministerio Público Fiscal, carecen de correlato comprobable en actividades remuneradas previas.

Entre los puntos neurálgicos requeridos por el fiscal se encuentran los mecanismos de financiamiento para la adquisición de un vehículo y el origen de una serie de préstamos informados a favor de familiares directos, identificadas en el expediente como Silvia Pais y Norma Zuccolo. Los peritos contables de los tribunales federales de Comodoro Py solicitaron la documentación respaldatoria que acredite la trazabilidad bancaria y la capacidad contributiva real de las partes intervinientes en dichas operaciones.

Refacciones en countries y cuenta regresiva procesal

El interrogatorio judicial apunta además a la tasación de las mejoras edilicias realizadas en el lote 380 del Country Indio Cuá, así como a las obras declaradas sobre el inmueble de la calle Miró al 500. En la propiedad de fin de semana, la fiscalía indaga el pago en efectivo de USD 245.000 a favor del contratista Matías Tabar por reformas estructurales, entre las que se contabilizan una cascada en el área de piscina y una parrilla de alta gama.

Ante la inminencia del vencimiento del plazo concedido por el juzgado, la defensa del exfuncionario deberá ingresar la totalidad de los comprobantes, balances y declaraciones juradas para evitar que el fiscal avance con medidas cautelares o solicite una convocatoria a prestar declaración indagatoria.