Política
Piden peritar las cuentas cripto de Manuel Adorni
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la intervención de la Policía Federal para verificar ocho billeteras de Bitcoin.
En el marco del expediente que indaga un presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni durante su paso por la función pública, el fiscal federal Gerardo Pollicita requirió formalmente la realización de un peritaje informático sobre ocho billeteras virtuales de Bitcoin que la defensa técnica aportó para intentar respaldar el origen de 591.544,61 dólares en efectivo.
La solicitud busca comprobar si el exjefe de Gabinete y exportavoz ejerció el control real sobre esos activos digitales en las fechas declaradas o si se trata de una maniobra para dotar de legalidad a fondos no justificados.
La medida procesal requerida por el Ministerio Público Fiscal encomienda la tarea a peritos especializados de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes deberán aplicar herramientas de validación técnica sobre las direcciones aportadas por los letrados del exfuncionario. Buscan verificar criptográficamente la autenticidad de los mensajes y firmas digitales obtenidos durante un procedimiento notarial reciente, mediante el cual Adorni buscó demostrar que poseía acceso a las cuentas mediante sus respectivas claves privadas.
El dictamen fiscal resalta una discordancia temporal: mientras que la certificación notarial aportada por la defensa acredita la posesión y el uso de las contraseñas en septiembre de 2026, la coartada sobre el origen de los fondos ubica la adquisición e inversión masiva de criptomonedas entre los años 2014 y 2018. El procedimiento pericial intentará dilucidar si Adorni administraba efectivamente esas direcciones en la época en que se generaron los supuestos rendimientos.
Lejos de circunscribirse al entorno de la tecnología blockchain, el pedido de Pollicita impulsó una exhaustiva reconstrucción retrospectiva sobre el perfil socioeconómico del matrimonio integrado por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La fiscalía requirió información a la ANSES, la AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los registros de la propiedad inmueble para desglosar la totalidad de sus empleos en blanco, aportes patronales, sociedades comerciales, bienes registrables y facturaciones desde el inicio de sus respectivas vidas económicas activas.
Este rastreo integral apunta a cotejar si la capacidad económica y contributiva del matrimonio durante más de una década justificaba la acumulación del capital necesario para concretar la inversión inicial en divisas declarada en 2014, calculada en casi 200 mil dólares, gran parte de la cual coincidió temporalmente con las estrictas restricciones cambiarias vigentes en el país. Si los salarios e ingresos registrados en blanco no convalidan esa capacidad de ahorro previo, el argumento defensivo perderá respaldo contable ante los estrados.
El destino asignado a esos ingresos constituye otro de los puntos sensibles de la causa federal. De acuerdo con los descargos incorporados a la causa, el dinero presuntamente obtenido por la liquidación paulatina de los activos virtuales fue utilizado para financiar la compra de un inmueble en el barrio porteño de Caballito, costear viajes al exterior y solventar ampliaciones y reformas de gran envergadura en una propiedad situada en el country Indio Cuá.
