Caso Adorni: el fiscal Pollicita cerró la investigación por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita decidió no llamar a indagatoria a Manuel Adorni y descartó sostener la causa por enriquecimiento ilícito. El dictamen que cerró esa línea de investigación se apoya en un argumento que la defensa del ex jefe de Gabinete presentó después de soportar semanas bajo el fuego de la información periodística: los fondos cuestionados no provendrían de su paso por el Gobierno sino de una inversión en Bitcoin realizada entre 2014 y 2018, antes de que Adorni tuviera ningún cargo público. Desde entonces, habría decidido vivir muy modestamente, casi como un estoico, hasta que asumió un cargo en el Gobierno.

La causa había sido iniciada por la diputada Marcela Pagano y analizó el patrimonio de Adorni durante su gestión como jefe de Gabinete. La Fiscalía había detectado erogaciones por USD 402.578, de las cuales USD 374.000 fueron pagadas en efectivo, y una diferencia de $43 millones entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos registrados durante el período. Entre los desembolsos figuraban la compra de una casa en un country, refacciones pagadas sin facturas, un departamento en Caballito, viajes, alquileres temporarios y gastos en tarjetas de empleados a su cargo.

La defensa del Bitcoin y por qué funcionó

Ante la intimación patrimonial, Adorni respondió que entre 2014 y 2018 había operado con ocho direcciones de Bitcoin de autocustodia, que las compras habían alcanzado cerca de USD 200.000 y que la liquidación de esos activos le había producido USD 591.544, conservados luego en efectivo.

La Fiscalía dispuso una verificación criptográfica de las billeteras. El procedimiento confirmó que las claves privadas estaban bajo control de la defensa al momento de la diligencia y que las direcciones habían tenido actividad entre 2014 y 2018. Pero ahí terminó lo que la pericia pudo establecer: el informe técnico de la Policía Federal advirtió que la cadena de bloques no permite identificar quién controló una billetera en un momento determinado ni desde cuándo se tuvo acceso a una clave privada. De los 41 movimientos registrados, 17 no habrían tenido contacto con plataformas y los datos de los restantes, vinculados a servicios del exterior, ya habrían vencido.

En otras palabras: la pericia confirmó que las billeteras existieron y tuvieron actividad, pero no pudo probar que Adorni las haya controlado en ese período, ni tampoco lo contrario. La Fiscalía concluyó que la hipótesis de la defensa resulta “técnicamente consistente” y que no cuenta con elementos para refutarla.

La clave jurídica es que el delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento se produzca después de la asunción del cargo. Con el origen de los fondos ubicado en 2014, antes de que Adorni llegara al Gobierno en diciembre de 2023, la figura no se sostiene. Pollicita también verificó que los ingresos formales del matrimonio hasta 2018, unos USD 493.000, colocaban la compra de Bitcoin dentro de una escala económica posible, aunque sin probarla.

Así y todo, el dictamen no implica un sobreseimiento y la causa no termina. Pollicita detectó indicios de posible evasión tributaria y pidió derivar el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. La propia defensa había admitido que parte de la información en las declaraciones juradas rectificativas era “materia antes no declarada” y que los ahorros se conservaron fuera del sistema bancario. Esa línea, más acotada, seguirá su curso en otro fuero.

Pero el resultado político del dictamen es claro: el fiscal que «investigó» la causa decidió que no hay mérito para acusar a Adorni de haberse enriquecido con su cargo. Lo hizo sin siquiera citarlo a declarar. Y tomó por cierta la coartada de la defensa porque, si bien no pudo probar que es verídica, tampoco se probó lo contrario.