Plottier: la fiscalía avanza y pide imputar al intendente Bertolini

La fiscal Rocío Rivero, con el respaldo del fiscal jefe Pablo Vignaroli, solicitó a la Oficina Judicial que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, la subsecretaria de Hacienda del municipio, Gladys Ramírez, y el empresario Pedro Vilches. Los tres enfrentan cargos por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El pedido fue elevado el viernes pasado y marca un punto de inflexión en la investigación: si la Oficina Judicial fija la audiencia y los cargos quedan formalmente presentados, el reloj empieza a correr para definir si el caso llega a juicio oral. Vignaroli ya había anticipado en declaraciones radiales que la fiscalía estaba en condiciones de avanzar antes del vencimiento del plazo de 60 días para cerrar la etapa investigativa, estimado entre abril y mayo de este año.

Un decreto con una contradicción que no cierra

Uno de los ejes de la acusación gira en torno al decreto 646/25, firmado por el propio Bertolini, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a un grupo de vecinos del barrio privado Los Canales durante el primer semestre de 2025. El problema, según la fiscalía, no es solo que esa facultad le corresponde exclusivamente al Concejo Deliberante según la Carta Orgánica de Plottier, sino que el propio documento tiene una incoherencia interna difícil de ignorar: mientras que los fundamentos del decreto rechazan el pedido de exención, la parte resolutiva lo otorga. Además, el beneficio no alcanzó a todos los propietarios del mismo barrio privado, sino solo a algunos, pese a que se encontraban en condiciones idénticas.

Facturas truchas, un socio cómodo y una planilla de 200 millones

El segundo frente de la investigación es, quizás, el más llamativo. La fiscalía detectó que el municipio contrató de manera reiterada a Pedro Vilches, un proveedor que facturaba bajo distintos nombres de fantasía —Valco, Grupo Cova— y que ni siquiera contaba con registro fiscal ni CUIT habilitado. Lo que hacía Vilches era, en los papeles, casi de todo: vender aires acondicionados, pintar paredes, proveer mobiliario. Un proveedor comodín, como lo definió la propia fiscalía.

La conexión que complica el panorama es que Vilches es socio del hijo de Gladys Ramírez, la subsecretaria de Hacienda, en la empresa Valco. Y como si eso fuera poco, el hijo de la funcionaria usa una extensión de la tarjeta de crédito de Vilches. Vignaroli fue directo al describir la maniobra: la facturación a nombre de Vilches habría sido un mecanismo deliberado para ocultar el vínculo societario con alguien de la estructura municipal y así darle apariencia de legalidad a contrataciones que, de otra forma, no hubieran pasado ningún filtro.

El método para que Vilches se quedara con las licitaciones también despertó sospechas: los concursos de precios se abrían con plazos de entre tres y cuatro días, demasiado cortos para que hubiera competencia real. Las otras empresas directamente no se presentaban, o eran descartadas. Y cuando la fiscalía analizó los números, el caso más gráfico fue el de tres equipos de aire acondicionado: el valor de mercado era de 10,5 millones de pesos, pero el municipio los adjudicó a Vilches por 33 millones, el triple del precio real. En total, una planilla con facturas a nombre de Vilches suma casi 200 millones de pesos.

El 6 de febrero, en el marco de esta misma causa, se realizaron ocho allanamientos en simultáneo en Plottier, Neuquén capital y Cipolletti. Entre los lugares allanados estuvieron la sede del municipio, el área de Hacienda, el despacho del intendente y su domicilio particular. El objetivo fue secuestrar documentación y material fílmico para sostener la investigación.

Bertolini, que designó como abogados a Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez, repitió en varias oportunidades que no tiene intención de renunciar.