boca de pozo
Tensión en la Legislatura: pidieron juicio político contra Rolando Figueroa
Un abogado presentó una solicitud formal para investigar al gobernador por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y posibles interferencias en una causa judicial.
Neuquén tiene un nuevo frente político abierto, y esta vez apunta directo al sillón del gobernador. El abogado Alfredo Andrés Cury ingresó el 20 de marzo pasado un pedido de juicio político contra Rolando Figueroa ante la Legislatura provincial. El escrito no se queda en generalidades: acusa al mandatario de desvío de fondos públicos, financiamiento irregular de campañas y, lo que quizás sea lo más grave, de haber obstruido una investigación judicial en curso. Además, solicita su suspensión preventiva, el levantamiento de sus inmunidades y que la causa sea remitida a la justicia penal.
El corazón del planteo está en una causa previa por presunta administración fraudulenta contra el Estado provincial, donde ya existiría una sentencia condenatoria. Según el denunciante, ese expediente revela un esquema de desvío de fondos millonarios a través de programas sociales, con un circuito que habría tenido derivaciones directas en el financiamiento político. Y ahí aparece el dato que más ruido hace: la figura señalada como destinataria final de esos fondos es identificada en el expediente como «el Embajador», y Cury sostiene que ese personaje sería el propio Figueroa.
Lo que dicen las pruebas
El escrito no se apoya solo en testimonios. Según detalla, se incorporaron peritajes contables que habrían detectado cientos de operaciones irregulares, planillas de pagos y registros vinculados a las campañas electorales de 2021. El abogado sostiene que ese material refuerza la hipótesis de un entramado organizado, donde los fondos habrían circulado de manera sistemática y con destino político.
Para que este tipo de acusaciones prosperen hace falta mucho más que documentación: la Legislatura deberá evaluar la admisibilidad del pedido, conformar una comisión investigadora y definir si hay mérito para avanzar. Un proceso que, en la práctica, puede dilatarse o trabarse según los equilibrios políticos internos del cuerpo legislativo.
La acusación que toca la independencia judicial
Uno de los puntos más delicados del planteo tiene que ver con lo que Cury describe como una obstrucción directa a la investigación. Según el escrito, una reunión entre autoridades del Ministerio Público Fiscal y el entonces gobernador electo habría derivado en la paralización de líneas investigativas que estaban activas. Si eso se pudiera probar, estaríamos ante algo más que un problema político: sería una interferencia concreta en el funcionamiento del sistema judicial.
El pedido se encuadra en las causales que habilita la Constitución provincial para el juicio político: mal desempeño en el ejercicio de las funciones y posible comisión de delitos. El denunciante advierte que el impacto no es solo penal, sino que afecta de lleno la calidad institucional de Neuquén.
El expediente ya está en manos de la Legislatura. Lo que ocurra de ahora en más dependerá tanto de los argumentos jurídicos como de algo que en política suele pesar igual o más: los números y las voluntades dentro del cuerpo. Los tiempos, las formas y el final de esta historia todavía están por escribirse.
