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Política

Corte Suprema: las reacciones a la designación de Lijo y García Mansilla por decreto

La medida desató una ola de críticas en las redes sociales y en el ámbito político argentino.

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Corte Suprema

La reciente designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema desató una ola de críticas en las redes sociales y en el ámbito político argentino. El presidente Javier Milei tomó esta decisión argumentando la inacción del Senado para tratar los pliegos de los candidatos, pero la jugada es visto por muchos como un acto autoritario y una violación a la Constitución Nacional.

La diputada nacional Margarita Stolbizer expresó su rechazo en X (antes Twitter), calificando la medida como un «DECRETAZO A LA IMPUNIDAD». En su mensaje, afirmó: «Poner jueces de la Corte por decreto siempre está mal, pero hacerlo con Lijo demuestra que la degradación de esta gente es total».

Por su parte, el senador Martín Lousteau también manifestó su oposición, señalando que «Una vez más Milei muestra el desprecio que tiene por la Constitución y su devoción por la mentira como método».


Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño consideró que la designación por decreto es «otra muestra del autoritarismo del gobierno de Milei que quiere seguir gobernando por decreto y pretende tener una Corte adicta que le garantice impunidad».

La exdiputada Myriam Bregman se pronunció esta mañana y deslizó que el Gobierno libertario busca distraer con esta maniobra para salir del escándalo de la cripto estafa $LIBRA.

Incluso dentro del oficialismo, hubo voces críticas. El interbloque de Unión por la Patria en el Senado advirtió que rechazará cualquier designación en comisión sin el debido acuerdo legislativo, considerando la medida como una «maniobra que viola de forma tajante» la Constitución.

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Lilita Carrió también se hizo eco de la noticia y consideró el ingreso de Lijo al máximo tribunal como «un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional».

La controversia también alcanzó al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien, al ser consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo designe jueces por decreto, afirmó: «Lo tiene que resolver la Corte en última instancia».

La decisión de nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto generó un amplio rechazo en diversos sectores políticos y sociales. El principal cuestionamiento es la constitucionalidad y las implicancias institucionales de esta medida.

 

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