Senado: la corporación judicial consolida su poder en los tribunales

La Cámara de Senadores de la Nación dio luz verde a un paquete de 74 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales. Esta masiva aprobación parlamentaria representa un fuerte espaldarazo tanto para la gestión oficialista como para los sectores más tradicionales del Poder Judicial, en una maniobra que evidencia acuerdos transversales entre distintas fuerzas políticas para destrabar los nombramientos en los tribunales federales.

La resolución legislativa generó un fuerte impacto debido a los nombres propios que resultaron beneficiados y al evidente fortalecimiento del denominado «clan Mahiques» dentro de la estructura de las decisiones judiciales. Con estos nombramientos en marcha, el Ministerio de Justicia acumula una importante cuota de poder político e institucional.

Entre los pliegos aprobados resalta de manera particular el de Emilio Rosatti, hijo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, quien asumirá como juez de un tribunal federal en la provincia de Santa Fe. La designación despertó críticas debido a sus antecedentes personales, puntualmente por haber renunciado previamente a otro concurso tras verse involucrado en episodios de alcoholemia positiva al conducir. Pese a los cuestionamientos públicos de diversas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la seguridad vial, los senadores decidieron convalidar su pliego sin mayores contratiempos.

Otro de los nombramientos que mayor polémica y sospechas ha levantado es el de Ana María Cristina Juan, designada como jueza federal en la localidad bonaerense de Hurlingham. El foco de tensión radica en que la flamante magistrada es la pareja de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal a cargo de la investigación del caso conocido como «$LIBRA». Esta causa por presunta criptoestafa compromete de manera directa al Presidente de la Nación y a su hermana, Karina Milei. El hecho de que el propio Poder Ejecutivo impulse el nombramiento de la esposa del juez que debe resolver la situación judicial de las máximas autoridades del país presupone al menos un conflicto de intereses.

Finalmente, el reparto de vacantes judiciales también favoreció a secretarios de despachos fuertemente vinculados al entramado del denominado lawfare. En este grupo sobresale la promoción de María Julia Sosa —antigua secretaria del juez Julián Ercolini— como jueza de Tribunal Oral en lo Criminal Federal en La Plata, así como la de Pablo Wilk, ligado al juzgado de Luis Armella y mencionado en el expediente de la «Gestapo Antisindical». Los nombramientos terminan de consolidar un nuevo mapa de influencias en la justicia federal que promete blindajes y reacomodamientos de cara al futuro inmediato.