La CGT presentó un amparo contra el decreto del Gobierno que limita las huelgas

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción de amparo sindical contra el Decreto 340/2025, con el que el Gobierno amplió drásticamente la cantidad de actividades consideradas esenciales, restringiendo así el derecho constitucional de huelga. La presentación fue radicada ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana, y busca la suspensión inmediata de la norma por considerarla violatoria de convenios internacionales y principios básicos del derecho laboral argentino.

Desde el punto de vista legal, la ofensiva del Gobierno representa un retroceso alarmante en materia de derechos colectivos, al pretender imponer, sin discusión parlamentaria, limitaciones desproporcionadas a una herramienta legítima de presión sindical. En un comunicado, la CGT denunció que el decreto “intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate” y anunció que dará pelea “en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo”.

Este accionar de la central obrera tiene antecedentes positivos. Cuando el Gobierno pasó el DNU 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei poco después de asumir -que también intentó modificar el régimen laboral por decreto- tanto la Justicia de primera como de segunda instancia fallaron a favor de la CGT. En ese momento, las reformas quedaron sin efecto y fueron consideradas inconstitucionales. En línea con este antecedente, el cosecretario general Héctor Daer advirtió: “La semana próxima estamos actuando nuevamente en la Justicia. Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la Justicia en primera y segunda instancia con respecto a este tema”.

El Decreto 340/2025 establece que en caso de huelga, ciertos sectores deberán garantizar un funcionamiento de entre 50 y 75 por ciento, lo que en la práctica puede vaciar de contenido la medida de fuerza. El listado de actividades esenciales se amplió e incluye ahora a servicios sanitarios, farmacéuticos, transporte de medicamentos, energía, telecomunicaciones (incluyendo internet), educación en todos los niveles, transporte marítimo, aéreo y fluvial, servicios aduaneros y migratorios, entre otros. Esta ampliación discrecional excede los estándares internacionales fijados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige que la declaración de esencialidad sea restrictiva y excepcional.

El derecho de huelga no es un privilegio, sino un pilar del sistema democrático y de negociación colectiva. Alterarlo mediante un decreto sin deliberación parlamentaria, y con antecedentes judiciales en contra, constituye un intento de disciplinamiento sindical por vía normativa, con serias consecuencias institucionales. La presentación de la CGT busca que el Poder Judicial vuelva a poner un límite ante un nuevo intento de reformar el derecho laboral sin el debido debate democrático ni consenso social.

Fuente: NA