Neuquén
Avanza en Neuquén un proyecto para sancionar a padres por casos de bullying
La iniciativa, que ya tiene apoyo legislativo, contempla desde sanciones económicas hasta arresto para los adultos responsables de menores que acosen a sus compañeros.
Neuquén podría convertirse en una de las pocas provincias del país en sancionar legalmente a padres y tutores cuando sus hijos ejercen bullying escolar. El proyecto lo firmaron los diputados Darío Peralta y Darío Martínez, y la idea es simple pero contundente: si un menor acosa a otro dentro de la escuela, los adultos que tienen a cargo su crianza van a tener que rendir cuentas ante la Justicia.
La propuesta no se queda en lo simbólico. El texto establece multas de entre cinco y diez JUS, la posibilidad de realizar trabajo comunitario, y en los casos más graves o reiterados, hasta 15 días de arresto para los responsables del menor. Un paquete de consecuencias concretas que busca sacudir a aquellos adultos que miran para otro lado mientras sus hijos hacen la vida imposible a algún compañero.
El texto deja bien en claro que no habrá sanciones para aquellos padres que tengan suspendida su responsabilidad parental por orden judicial, que cuenten con prohibiciones de acercamiento vigentes, o que directamente no ejerzan el cuidado personal del chico por disposición legal. Es decir, la ley va contra quien tiene responsabilidad real, no contra quien ya fue desvinculado legalmente de la crianza.
El proyecto recibió el apoyo del bloque Democracia Neuquén y todavía sigue su curso en la Legislatura provincial. Los jueces, en caso de que se convierta en ley, tendrán margen para graduar las penas en función de la gravedad de cada situación y los antecedentes del caso.
El trasfondo: deserción y salud mental
Detrás de cada caso de bullying escolar hay consecuencias que van mucho más allá de lo que se ve en el recreo. El acoso sostenido en el tiempo deteriora la salud emocional de quienes lo padecen y, en muchos casos, termina empujando a los chicos a abandonar la escuela. Ese es el problema real que intenta atacar esta iniciativa: no solo el hecho violento en sí, sino todo lo que ese hecho arrastra.
Los autores del proyecto apuestan a que la posibilidad de enfrentar una sanción económica o incluso un arresto sea suficiente incentivo para que los adultos estén más atentos a lo que hacen y dicen sus hijos dentro —y fuera— del ámbito escolar. La lógica es que, cuando hay consecuencias reales, la supervisión mejora.
