Neuquén
Todero pide juicio político a Milei por incumplir la Ley de Discapacidad
El diputado neuquino presentó en el Congreso una denuncia contra el Presidente y el ministro de Salud por demoras en la aplicación de la norma. Señalan consecuencias concretas en prestaciones, pagos y tratamientos.
La tensión política sumó un nuevo capítulo en el Congreso. El diputado nacional Pablo Todero presentó un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Lugones por presunto incumplimiento de la ley que declaró la emergencia en discapacidad. La iniciativa ya ingresó formalmente en la Cámara de Diputados y busca ser tratada con rapidez.
El planteo apunta a que las demoras en la implementación de la norma estarían afectando prestaciones básicas, pagos a prestadores y la continuidad de tratamientos. Según el documento, el problema ya impacta en la vida cotidiana de personas con discapacidad y sus familias, en un contexto donde el acceso a servicios se vuelve cada vez más incierto.
La controversia gira en torno a la Ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026. La norma fue aprobada por el Congreso en julio de 2025 y, aunque inicialmente fue vetada por el Poder Ejecutivo, ese veto fue rechazado por una amplia mayoría legislativa, lo que obligó a su promulgación.
Sin embargo, desde el espacio que impulsa el juicio político sostienen que la aplicación efectiva de la ley quedó trabada. Señalan que hubo demoras en la reglamentación, suspensiones y decisiones administrativas que, en la práctica, frenaron su implementación.
El pedido, acompañado también por el diputado Juan Marino, encuadra estos hechos dentro de la figura de “mal desempeño” de los funcionarios, uno de los argumentos contemplados para avanzar con un juicio político.
Qué cuestiona el proyecto
El documento presentado ante la Cámara baja enumera una serie de situaciones que, según los denunciantes, configuran un incumplimiento de la ley. Entre los principales puntos se destacan:
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Retrasos en la reglamentación y ejecución de la norma, incluso frente a resoluciones judiciales que ordenaban su aplicación.
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Falta de financiamiento adecuado para sostener prestaciones esenciales.
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Demoras en pagos a prestadores, transporte y pensiones.
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Riesgos en la continuidad de tratamientos para personas con discapacidad.
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Cambios dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sin certezas sobre su impacto en los beneficiarios.
Desde el entorno de Todero remarcan que estas situaciones no solo generan dificultades operativas, sino que también podrían implicar la vulneración de derechos reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales suscriptos por Argentina.
El argumento central
Uno de los ejes del planteo busca correr la discusión del terreno político tradicional. Según señalaron los impulsores del juicio político, no se trata de una diferencia ideológica ni de una cuestión de ajuste económico, sino de garantizar derechos básicos.
La preocupación principal radica en las consecuencias concretas: interrupción de tratamientos, dificultades en el acceso al transporte y retrasos en pagos que afectan a quienes brindan servicios. Todo esto, aseguran, repercute directamente en un sector que requiere acompañamiento constante.
En ese marco, el pedido solicita que la Comisión de Juicio Político analice la situación con carácter urgente. El próximo paso dependerá del respaldo que consiga la iniciativa dentro de los distintos bloques legislativos.
