Política
Las Universidades llevarán a la Justicia el reclamo por la Ley de Financiamiento
Los rectores del CIN resolvieron por unanimidad iniciar acciones judiciales.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió avanzar con una demanda judicial contra el Gobierno nacional para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por unanimidad en una reunión presencial y virtual celebrada en la Facultad de Derecho de la UBA, con la participación de rectores y rectoras de todo el país. Además, el CIN buscará que el Congreso incluya los recursos necesarios para la ejecución de la norma en el Presupuesto 2026.
La ley había sido aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Javier Milei, luego de que ambas Cámaras rechazaran su veto. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación argumentando que el aumento del gasto público afectaría el equilibrio fiscal. Ante esta decisión, el CIN anunció que agotará todas las instancias institucionales para que el Gobierno cumpla con la normativa y con el sistema democrático.
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“En la reunión se explicaron los grados de inconstitucionalidad del decreto, y de forma unánime decidimos ir a la Justicia y reclamar que se pague lo que corresponde por ley”, explicó Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes. En la misma línea, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y vicepresidente del CIN, advirtió que “es grave para la institucionalidad democrática que se naturalice el incumplimiento de una ley con amplia legitimidad social e institucional”.
Mientras las universidades preparan la vía judicial, los gremios docentes universitarios realizaron paros y jornadas de protesta. Desde Conadu señalaron que el Gobierno “desconoce la división de poderes y vulnera derechos conquistados”, mientras que la Fedun llamó a “votar a quienes defiendan a las universidades públicas y la democracia”. En paralelo, el CIN buscará que la discusión del Presupuesto 2026 esté directamente vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El decreto que suspendió la norma reconoce que los salarios universitarios crecieron un 128,49 por ciento entre diciembre de 2023 y julio de 2025, frente a una inflación del 220,45 por ciento, lo que representa una pérdida del 92 por ciento frente al índice del Indec. La ley —aprobada en cuatro votaciones en el Congreso— contempla la recomposición salarial, la actualización de gastos de funcionamiento, el aumento de becas y un incremento progresivo de la inversión en educación universitaria hasta alcanzar el 1,5 por ciento del PBI en 2031. Según cálculos oficiales, su aplicación demandaría poco más de un billón de pesos en 2025, un monto que representa menos del 4 por ciento de los fondos otorgados recientemente por Estados Unidos a la Argentina.
