La Justicia declaró inconstitucional el decreto de Milei y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, declaró la inconstitucionalidad del decreto mediante el cual el presidente Javier Milei había suspendido la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y le ordenó al Poder Ejecutivo su implementación inmediata. La resolución judicial hace lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional, las federaciones docentes y diversas casas de altos estudios, disponiendo la urgente transferencia de partidas destinadas a recomponer los sueldos del personal, los fondos de funcionamiento y el sistema de becas estudiantiles.

El magistrado consideró que el Ejecutivo incurrió en un exceso de atribuciones al neutralizar por vía reglamentaria los efectos de una norma que había sido expresamente ratificada por el Congreso de la Nación. En su pronunciamiento, el fallo dispuso el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, invalidando el andamiaje técnico con el que el Palacio de Hacienda intentó ampararse en la Ley de Administración Financiera para retener los fondos. Cormick remarcó que el texto legal sancionado por el parlamento preveía los mecanismos necesarios para reasignar partidas y que el veto no puede ser sustituido por maniobras dilatorias que desfinancien el normal desenvolvimiento académico.

Salarios licuados y reclamo en las aulas

La decisión de la Justicia responde a un cuadro de deterioro extremo en las cuentas de las cincuenta y siete universidades nacionales. Según consta en las presentaciones gremiales analizadas en la causa, la falta de actualización presupuestaria sistemática durante los últimos dos años derivó en una pérdida real superior al 40% en el poder adquisitivo de los trabajadores docentes y no docentes, provocando renuncias masivas y vaciamiento de cátedras.

La sentencia exige al Estado retomar de inmediato las pautas de recomposición salarial indexadas por inflación, liberar los refuerzos específicos para los hospitales universitarios y actualizar en un 50% las asignaciones de las Becas Manuel Belgrano para garantizar la permanencia de los alumnos más vulnerables.

Desde el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría Legal y Técnica anticiparon que el Gobierno apelará formalmente la resolución ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los próximos días. Los asesores oficiales sostienen que la exigencia de gasto sin una fuente de financiamiento explícita atenta contra el ancla del déficit cero y evalúan diversas alternativas jurídicas para ralentizar el desembolso de los recursos sin caer en un desacato judicial abierto. No obstante, entre los rectores advirtieron que la orden tiene carácter ejecutorio y que la persistencia en el incumplimiento habilitará pedidos de embargo sobre las cuentas del Tesoro Nacional.

El pronunciamiento del juzgado federal marca un punto de inflexión en la disputa de poderes que enfrenta a la Casa Rosada con las universidades de todo el país. Al ratificar que las leyes emanadas del Poder Legislativo no pueden quedar supeditadas a la discrecionalidad del ajuste fiscal, la Justicia sentó un precedente que debilita la estrategia de gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia.