boca de pozo
Cuando la política se rinde, la Justicia se inmiscuye
Ante la imposibilidad de resolver sus conflictos, los partidos políticos ceden su soberanía a la Justicia. Este fenómeno traslada el debate político a los tribunales, transformando las diferencias ideológicas en tecnicismos legales y exigiendo a los jueces asumir un rol que no les corresponde.
La reciente decisión del Juzgado Federal de Neuquén en la disputa interna del Partido Justicialista local ha puesto de manifiesto una verdad incómoda: los partidos políticos, en lugar de resolver sus conflictos con las herramientas de la política, han comenzado a ceder su soberanía a la Justicia. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino un síntoma de una peligrosa inercia que debilita el corazón mismo de la democracia.
El fallo que desestimó la impugnación de una asamblea partidaria no solo resolvió un conflicto, sino que también expuso una realidad que muchos prefieren ignorar. Un juez se vio obligado a sumergirse en los pormenores de una interna: congresales que se retiran, acusaciones de asambleas “truchas” y debates sobre la validez de los procedimientos. En lugar de los dirigentes, un magistrado se convirtió en quien debe interpretar una carta orgánica, analizar testimonios y decidir si se cumplió o no con un quórum.
Este no es el rol que la Constitución asigna al Poder Judicial. Su función es garantizar la ley y la Constitución, no arbitrar disputas de contenido eminentemente político. Cuando un partido político renuncia a su capacidad de diálogo y acuerdo, le está cediendo un poder invaluable al sistema judicial. La judicialización de la política convierte a los tribunales en el verdadero campo de batalla, donde las decisiones no se toman con base en plataformas o ideologías, sino en la interpretación de tecnicismos legales. El problema de fondo es la atrofia del debate político.
La doctrina de la intervención restringida
La decisión del Juzgado Federal de Neuquén en la disputa interna del Partido Justicialista local es un hecho que reafirma una doctrina consolidada en la Justicia Electoral: la de su intervención restringida. Este principio, lejos de ser una excusa para la inacción, es un pilar fundamental para la salud de las instituciones democráticas.
El fallo, en sintonía con el criterio de la Cámara Nacional Electoral, sostiene que la Justicia no debe intervenir “ab initio” en el libre funcionamiento de los partidos. La instancia judicial solo se habilita una vez que el proceso de decisión interna ha concluido y se verifica un agravio concreto, no una simple disconformidad. Esto es una invitación directa a la dirigencia política para que asuma su responsabilidad y resuelva sus conflictos en el ámbito que le es propio: el debate y el consenso.
El fundamento de esta postura es el principio de regularidad funcional. Este exige a los órganos judiciales ser «especialmente prudentes al intervenir en el ámbito de reserva de las agrupaciones políticas». Como ha sostenido la Cámara, «No compete conocer a la Justicia Electoral sobre el alcance que una agrupación política atribuye a la observación y respeto de los principios doctrinarios que determinan su actuación y la disciplina partidaria». Este régimen de autonomía, consagrado explícitamente por el artículo 38 de la Constitución Nacional, busca no dañar el substrato de representatividad de sus dirigentes.
Como lo establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la labor judicial se limita a “garantizar el respeto al principio de regularidad funcional de las agrupaciones políticas”. No tiene por función “analizar, examinar o evaluar situaciones internas de los partidos políticos como si fuera una consultora de opinión”. La Justicia, entonces, actúa como un garante de las reglas del juego, no como un árbitro de la estrategia política.
El costo de la inmadurez política
Cuando los partidos renuncian a su capacidad de debatir y acordar, pierden legitimidad. La comodidad del litigio es un espejismo que esconde un costo altísimo: la atrofia del debate y la cesión de soberanía. Como advirtió Montesquieu, «no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia». Usar a la Justicia como herramienta de injerencia indebida o como árbitro de una interna es una amenaza real a la democracia.
Ejemplos recientes de esta doctrina abundan. Durante las tensiones por el control del PRO en 2024, la Justicia instó a las partes a buscar un acuerdo, evitando intervenir directamente en la conformación de la lista de unidad. De igual forma, en los conflictos internos de la Unión Cívica Radical, la justicia ha validado los procesos internos siempre que se cumplan los requisitos formales de la carta orgánica, señalando que las decisiones sobre candidatos y alianzas son de exclusiva competencia partidaria.
La responsabilidad de fortalecer la democracia no reside en los jueces, sino en la capacidad de los partidos para representarnos con madurez, diálogo y consenso. La pelota está del lado de la política.
