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Política

Eugenio Zaffaroni: «No es legal meter dos jueces de la Corte por decreto en comisión»

El exmiembro del máximo tribunal calificó las designaciones como un «disparate» y afirmó que no están contempladas en la Constitución.

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El ex juez de la corte suprema Raúl Zaffaroni.

Esta semana, el presidente Javier Milei designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Desde el Ejecutivo argumentan que la decisión se tomó ante la falta de acuerdo en el Senado para cubrir las vacantes existentes en el máximo tribunal. Los nombramientos en comisión estarán vigentes hasta el 30 de noviembre de 2025.

El exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, criticó la medida. En declaraciones al medio El Destape, señaló que la reforma constitucional de 1994 exige una negociación política para la designación de jueces dado que, según explicó, «es prácticamente imposible que una sola fuerza política tenga los dos tercios necesarios en el Senado, por lo que la política debe basarse en el diálogo y el consenso» y el nombramiento de los ministros del máximo tribunal siempre implicaría una negociación.

El Gobierno oficializó las designaciónes de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema

Zaffaroni enfatizó que la Constitución no permite que el Poder Ejecutivo nombre jueces por decreto ante la falta de aprobación del Senado. Calificó esta acción como un «disparate» y afirmó que no está contemplada en la Carta Magna. Además, advirtió que este tipo de decisiones podrían derivar en una usurpación de funciones y que las sentencias firmadas por jueces designados de esta manera podrían ser declaradas nulas en el futuro. 

Zaffaroni

El exmagistrado también alertó sobre las posibles implicancias legales para los actuales miembros de la Corte Suprema. Señaló que, si los jueces toman juramento a los designados por decreto, podrían estar participando de un delito. Esta situación, según Zaffaroni, coloca a los actuales integrantes del máximo tribunal en una posición comprometida desde el punto de vista jurídico.

La decisión de la Administración libertaria generó un intenso debate en el ámbito político y judicial argentino. Mientras el Gobierno defiende la medida como una solución ante la parálisis legislativa, diversos sectores de la oposición y del ámbito jurídico la consideran inconstitucional y peligrosa para la independencia del Poder Judicial. Se espera que en los próximos días la Corte Suprema defina los pasos a seguir respecto a la incorporación de Lijo y García-Mansilla. 

 

 

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