Análisis
Lawfare: la receta predilecta en la cocina del poder
Un análisis sobre el uso del lawfare en la Argentina y su incidencia política.
El llamado a salvaguardar uno de los tres poderes del estado en palabras de Cristina Fernández llega en un momento en el que una reforma en el poder judicial, resulta apabullada por acontecimientos económicos, que atentan contra las certezas que la política le pueda ofrecer a la sociedad.
El eje del mensaje de Cristina, consiste en señalar la degradación de una de las instituciones fundamentales de la República, la que debe administrar la justicia. La primera lectura que hace la oposición está viciada de oportunismo electoral. Interpretan que es una “movida” de Cristina para salvaguardar su impunidad.
Así sentenciada la propuesta de la vicepresidenta: queda reducida a una mera argucia personal. Esta convicción del macrismo, entrañaría la fantasía de proscribir cualquier aspiración política de Cristina Fernández. Pero si bien esta idea ronda el cálculo de la vicepresidenta y las fantasías de la oposición; la carta tiene otros sentidos que exceden ambas realidades.
Una posible reflexión al respecto nos llevaría a preguntarnos: ¿Y por qué uno de los tres poderes del estado debiera definir quien se presenta o no a una candidatura? Y esto nos lleva a otra segunda reflexión, ¿con que elementos de juicio o atribuciones?
Ahí entramos en un problema técnico. Las demandas contra la vicepresidenta estuvieron invariablemente plagadas de inconsistencias. Opiniones periodísticas (caídas en saco roto por falta probatoria) convertidas en indicios y luego prueba; re apertura de causas juzgadas; maltratos simbólicos, como el de ir a declarar (por ocho causas) en el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, y un montón de etcéteras.
Entonces, la confesión de la idea de que Cristina quiere salvaguardar su prurito personal, se confirma con el énfasis persecutorio judicial, apuntalado por una clase política obsesionada con la idea y corporaciones mediáticas que no ahorran sueldos, ni expresiones bizarras con miras al mismo objeto. Poder Judicial; un sector de la política; los medios de comunicación. Parodiando a los Redonditos de ricota: “Todo un palo ya lo ves.”
Pero detrás de la persecución a Cristina se puede ver con notoria evidencia, la proscripción de un espacio político, que tiene el aval de haber gobernado el país durante 12 años.
La Corte solo es la punta de un iceberg. Un sector considerable de la justicia federal, con eje en Comodoro Py se encarga de la tarea fina de perseguir a la dirigencia peronista, ¿Y qué mejor manera de hacerlo, sino acosando a quien se sindica como la conducción política de ese espacio? Un conjunto de jueces (sobre todo los colocados a dedo, denunciados en el video) en primera instancia, o en cámaras de apelación, ejercen su poder al margen de la legítima defensa, y al margen de cualquier elemento probatorio.
El trabajo de sanción penal de los tribunales federales comprometidos en esta operatoria comienza en los medios de comunicación: ahí se acusa y se sentencia, el paso por tribunales es un trámite burocrático fundado en la opinión periodística de cualquier comunicador de TN o La Nación Más. La parte administrativa que le queda a un fiscal acusador o a un juez que sentencia, es el de tomar estas versiones mediáticas e inconsistencias y convertirlas en “pruebas” y verdades irrefutables, para un veredicto que se conocerá públicamente en programas escandalosos, editorializados por conductores bizarros, que no valen la pena ni nombrarlos, pero que todos conocemos.
La sentencia es clara: la maldad del kirchnerismo. Y es en este contexto de vergonzosa connivencia, que se entiende la afirmación de Cristina Fernández: “Mi sentencia ya está firmada”.
En última ratio el dirigente político (peronista, obvio) acusado y sentenciado mediáticamente, puede por vía de la apelación llegar a la definición del máximo tribunal, presidido por un ex abogado del Grupo Clarín, que invariablemente le fallará en contra. Este círculo de ejercicio político, mediático y judicial es lo que se define como lawfare.
El significado de este término es un juego de palabras, un neologismo en lengua inglesa que significa guerra judicial. Law (ley) warfare (guerra) la combinación es lawfare. ¿Y en que consiste esta guerra?
Precisamente, en convertir a uno de los tres poderes del estado, en el campo operacional (judicial-tribunalicio) que les permite a actores económicos poderosísimos ganar una contienda que en plano de la política se les dificultaría.
En este sentido es que se habla de politización del poder judicial. El poder judicial opera políticamente, bloqueando decisiones de gobierno del poder ejecutivo. La corte permitirá a las empresas de telecomunicación que cobren cualquier tarifa a los consumidores, bloqueando la medida del Ejecutivo de declarar a los servicios de telecomunicaciones como bienes esenciales. Lo mismo ocurre con leyes sancionadas por el congreso nacional. Si una ley afecta intereses concentrados, entonces se declara inconstitucional la vigencia de esa ley para un particular, que por lo general es una poderosísima corporación.
Dando un temerario paso, la Suprema Corte, decidió que ya iba siendo hora de que el poder judicial, pudiera derogar una ley, oficiando como el Poder Legislativo. ¡Y así fue! Ahora la ley que regula la conformación del consejo de la magistratura sancionada en el año 2006, no va más.
En una inédita sentencia, la corte se atribuye la potestad de derogar esta ley, e indicar que se tiene que volver a la ley anterior de la década de los noventa, derogada por el Congreso, en el año señalado.
Este tipo de mecanismos posibilitaron que la ley de servicios de comunicación audiovisual no pueda hacer valer su vigencia desde el momento mismo de su sanción. Si algún artículo leguleyo, opera en contra de la ventaja competitiva de alguna una corporación económica, a no preocuparse, tu amigo el juez te exime del cumplimiento.
Esta instrumentación política del poder judicial no ocurre solo en Argentina. El poder cocina la misma receta en otras latitudes. Se trata de generar un proceso de desgaste de los otros dos poderes del estado y posibilitar la gestación de un escenario político favorable al poder económico concentrado. Por ejemplo: imposibilitar la postulación de candidato a presidente/a: Lula en Brasil, Correa en Ecuador, por nombrar ejemplos.
Lo que legisle el congreso o decida un Presidente vale cero porque a costa de la pétrea cara de los cortesanos, amparados en el ejercicio de uno de los 3 poderes, la última ratio de la república está en manos de los togados del máximo tribunal.
Dos de ellos llegaron al palacio, a tan solo 10 días de asumido Macri con un decreto presidencial (uno de ellos, Rosatti, lo preside). Luego el Congreso “corrigió” el nombramiento de facto de Mauricio Macri. Gracias legisladores.
Advertido esto, el gobierno nacional tuvo 100 días de ventaja antes de la pandemia para avanzar en una reforma del poder judicial, así lo preveía el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación el 1 de marzo de 2020. Pero no, se dilató una decisión so pretexto de promover mesas de consulta acerca de qué reforma llevar adelante, demorando el tratamiento de una ley que nunca se hizo efectiva.
Una vez consumada esta inacción, la opinión del presidente era que el poder judicial (sus integrantes) debían por su propia acción auto depurarse. Pero resulta que jueces, fiscales y cortesanos (no todos claro) encuadrados en esta operatoria de lawfear, tenían en mente otra cosa. La Corte estaba preocupada por asegurar pingues negocios para sus miembros, en torno a un escabroso manejo del presupuesto del poder judicial. Todo esto también es denunciado en el video que circuló la VP. Luego de la derrota electoral de 2021, las posibilidades de reformar la justicia quedaron más lejanas que la autodepuración.
Los jueces no perdieron el tiempo. Uno que jugaba padel con Macri (Llorens, camarista) sobresee a su oponente deportivo por la causa de espionaje contra familiares de las víctimas del ARA San Juan.
Estos atléticos magistrados practican otros tres deportes: continuar persiguiendo ex funcionarios de gobierno K, perpetuar el encarcelamiento de Milagros Sala, y algo tan grave como lo anterior: garantizar, como dijo Rosenkrantz, que “no puede haber un derecho de tras de cada necesidad”, salvo, claro está, que esa necesidad sea la del dueño de una corporación mediática, una empresa de telecomunicaciones, u otra, con la necesidad (es decir: el derecho garantizado de un juez de turno) de recurrir a dólares del Banco Central.
*Por Gustavo Baeza – Licenciado en Ciencia Política.
