Tensión en el Senado: el juez Víctor Pesino defiende su continuidad bajo fuertes impugnaciones

El camarista laboral Víctor Arturo Pesino comparece ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, con el objetivo de defender el pliego enviado por el Poder Ejecutivo que solicita prorrogar su permanencia en el cargo por cinco años más. Al estar próximo a cumplir el límite constitucional de 75 años de edad, el magistrado necesita obligatoriamente el aval de la Cámara Alta para continuar en funciones como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Sin embargo, el camino del magistrado hacia la reválida se presenta sumamente adverso debido a la acumulación de cuatro impugnaciones de peso. Los cuestionamientos formales fueron presentados de manera articulada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) conducida por Julio Piumato, y el abogado laboralista Pablo Gastón Llopart. Estas objeciones colocaron la postulación de Pesino en el centro de las negociaciones políticas y cosecharon un rechazo tajante por parte del bloque peronista coordinado por José Mayans en la previa de la votación.

El malestar del arco gremial radica fundamentalmente en el sentido de las últimas resoluciones dictadas por el magistrado, las cuales golpearon directamente a las estructuras sindicales. Desde la CGT le recriminan haber firmado el fallo que revocó la medida cautelar que frenaba la reforma laboral, restituyendo la vigencia de más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral impulsada por la administración central. Por su parte, la UOM impugnó su continuidad tras la reciente y polémica decisión de Pesino de anular las elecciones de la seccional Campana, lo que forzó el desplazamiento de la conducción nacional liderada por Abel Furlán y la consiguiente intervención judicial del gremio.

Más allá del fuerte componente político y sindical, las impugnaciones también hacen foco en deficiencias asociadas al desempeño cotidiano de su tribunal. Las presentaciones judiciales denuncian una «afectación estructural» en el fuero del trabajo, detallando que la Sala VIII registra un récord de más de 2.700 expedientes acumulados sin resolución y un retraso promedio de dos años para dictar sentencias. Ante estas acusaciones de morosidad, el propio magistrado ensayó una defensa técnica por escrito en la que reconoció el desborde operativo, argumentando que se trata de un volumen de causas «imposible de manejar» dentro de los plazos legales por razones puramente materiales.

La controversia en torno a Pesino reactivó las tensiones políticas sobre los criterios de selección de magistrados y el alcance de los acuerdos en el Congreso. Mientras el Senado evalúa en paralelo una nueva tanda de pliegos judiciales, el futuro del camarista laboral pende de un hilo ante la resistencia del justicialismo y los cuestionamientos de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas.