boca de pozo
El Senado premió al juez que frenó a la CGT
La Cámara Alta aprobó la prórroga en el cargo del Juez que convalidó la reforma laboral e intervino la UOM.
Con 36 votos contra 31, el Senado aprobó la prórroga que le permite al juez Víctor Pesino seguir en funciones por cinco años más, pese a haber cumplido los 75 años que fija como límite el ejercicio del cargo. El respaldo del PRO y de los bloques de gobernadores aliados fue suficiente para que la Cámara alta extienda la carrera judicial de un magistrado que, en los últimos meses, tomó dos decisiones que el Gobierno necesitaba con urgencia.
La primera: en abril pasado, Pesino rechazó el amparo presentado por la CGT contra la Ley de Modernización Laboral, lo que permitió que la reforma entrara en vigencia en su totalidad. La segunda: ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y desplazó a su titular, Abel Furlán, junto a toda la conducción del sindicato. La prórroga votada este jueves es la ratificación de una práctica que el Gobierno viene consolidando: catapultar a los magistrados que adoptaron medidas favorables a su gestión.
El patrón
El caso más documentado, además del de Pesino, es el de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, cuyos pliegos el Ejecutivo envió al Senado para cubrir vacantes en la Cámara Federal porteña. Según informó Página/12, en febrero de 2021 ninguno de los dos estaba entre los primeros seis del orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura. Bertuzzi había quedado en el puesto 21. Sin embargo, logró escalar quince posiciones para integrar la terna que el Ejecutivo elevó al Senado. De aprobarse sus pliegos, ambos se integrarán a la Sala I de la Cámara Federal, la misma que revisa el expediente del caso $Libra, donde el juez Martínez de Giorgi ya excluyó a los querellantes.
El proyecto de prórroga de Pesino incluyó también a otros dos jueces de la Cámara del Trabajo que llegaron a la edad límite: Sergio Luis Méndez y Julio César Grisolía. En el caso de Grisolía, conocido por sus fallos contrarios a los trabajadores, la oposición pidió su exclusión del pliego. Sin éxito.
El caso Michelli, la otra cara
La contracara del esquema quedó expuesta en el caso de la magistrada María Verónica Michelli, cuyo pliego para el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata fue vetado por orden de Milei. El motivo declarado nunca fue explicitado con claridad, pero el malestar presidencial apuntaba al parentesco de la jueza con el periodista de investigación Hugo Alconada Mon — quien cubrió las irregularidades patrimoniales de Manuel Adorni, entre otros funcionarios.
La decisión generó críticas cruzadas, incluso dentro del propio oficialismo: fue el episodio que hizo estallar públicamente la tensión con Patricia Bullrich, entonces jefa del bloque de LLA en el Senado, quien se negó a acompañar el veto y puso su renuncia a disposición.
El cuadro que emerge es el de un Poder Judicial que el oficialismo modela con criterios precisos: prórroga para quienes fallan a favor, bloqueo para quienes están cerca de quienes investigan al Gobierno. No es una novedad histórica. Pero la velocidad con que se consolida el patrón en esta gestión, y la transparencia con que opera, lo distingue de episodios anteriores.
