Basural sin cierre y presión política en Bariloche

El reclamo legislativo hace que la problemática del vertedero de Bariloche trascienda los límites del ejido municipal y se instale de lleno en la agenda provincial. Mientras en el Concejo Deliberante local sigue trabado el proyecto de licitación impulsado por el Ejecutivo para crear nuevas celdas con sistema de relleno sanitario —por el que el intendente Walter Cortés pidió celeridad—, la comisión especial que debía abordar la solución con participación de la Provincia tampoco mostró avances concretos, consolidando un escenario de inercia institucional frente a un basural que recibe miles de toneladas de residuos por día.

Los legisladores centran sus críticas en la responsabilidad de la Provincia por la continuidad del basural a cielo abierto, que según la ley 5491 sancionada en 2020 debería haber sido erradicado. Señalan además un incumplimiento de un acuerdo firmado en agosto de 2023 entre la exgobernadora Arabela Carreras y el exintendente Gustavo Gennuso, en el que la Provincia se comprometía a construir una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos, licitar su operatividad y el tratamiento de los residuos, y licitar la construcción de un relleno sanitario como sitio regional de disposición final. A juicio de los autores del pedido, ninguna de estas obligaciones se cumplió y la situación del basural es “alarmante”.

El proyecto lleva la firma de los legisladores de Cambia Río Negro Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti y Claudio Doctorovich, a los que se suman las barilochenses Martina Lacour y Marcela González Abdala. En su fundamentación, además de remarcar los compromisos asumidos en 2023, mencionan una reunión que referentes vecinales de la zona mantuvieron con el gobernador Alberto Weretilneck el 18 de mayo, en la que —según describen— se habrían renovado las promesas de impulsar el cierre definitivo del predio. La presentación busca ahora que esos compromisos se traduzcan en respuestas concretas y verificables por parte del Ejecutivo.

El pedido de informes se estructura en dos grandes bloques. El primero está dirigido al Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Energía y Ambiente y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, y se concentra en aspectos ambientales y técnicos. Los legisladores solicitan detalles sobre estudios realizados en torno a la calidad de aguas superficiales y subterráneas, presencia de lixiviados, emisiones gaseosas, calidad del aire y contaminación del suelo. También requieren información sobre el impacto de la contaminación en la población vecina y en cuerpos de agua como los lagos Gutiérrez y Nahuel Huapi y el arroyo Ñireco, así como las acciones “concretas” previstas para los próximos 12 meses en materia de cierre definitivo del vertedero, remediación ambiental del predio y uso del fondo de gestión integral de residuos sólidos urbanos previsto por la ley provincial.

El segundo bloque apunta directamente a la Municipalidad de Bariloche y aborda la dimensión operativa del basural. Se pide conocer la cantidad de residuos que recibe el predio, el marco jurídico que habilita el uso del vertedero por otras jurisdicciones —como Dina Huapi, el Parque Nacional Nahuel Huapi y Villa Mascardi—, las tareas de saneamiento y mitigación ambiental realizadas desde 2023 y las gestiones encaradas para obtener financiamiento destinado a obras de remediación, saneamiento y relocalización durante este año. El objetivo es contar con un mapa preciso del funcionamiento actual del sitio y de las medidas que el municipio dice haber puesto en marcha para reducir su impacto.

Tanto el Gobierno provincial como el municipal disponen de 30 días corridos para responder el pedido de informes, aunque pueden solicitar una prórroga si requieren más tiempo para elaborar las respuestas formales. Mientras esos plazos corren, la continuidad del basural a cielo abierto y la falta de un plan integral para su cierre y remediación profundizan la tensión política y alimentan las críticas por “falta de gestión” y por el incumplimiento de compromisos asumidos ante la comunidad, que sigue conviviendo con un foco de contaminación que ya excede lo local y se instala como un problema regional.