Proponen multar a funcionarios que no respondan informes en Neuquén

En la Legislatura de Neuquén comenzó a tomar forma una iniciativa que apunta directamente al funcionamiento interno del Estado: ordenar y hacer cumplir los pedidos de informes que los diputados envían a organismos públicos. El proyecto, impulsado por el bloque Neuquén República, propone reglas más claras, tiempos definidos y sanciones económicas para los funcionarios que no respondan en tiempo y forma.

La propuesta pone el foco en un problema frecuente: la demora o falta de respuestas a solicitudes de información clave para el trabajo legislativo. Para revertir esta situación, el texto establece un esquema que obliga a las dependencias estatales a responder dentro de plazos determinados, con la intención de que los diputados cuenten con datos actualizados al momento de analizar políticas públicas o debatir proyectos.

Multas personales y obligación de responder

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la incorporación de sanciones económicas directas para los funcionarios responsables de incumplir. Según lo planteado, las multas irían de 10 a 50 IUS y tendrían carácter personal, lo que significa que no podrán ser pagadas con fondos del Estado.

El destino de ese dinero también está definido: en caso de aplicarse, los montos se dirigirían al presupuesto del programa provincial de becas Gregorio Álvarez. De esta manera, además de establecer una penalidad, el proyecto busca que los recursos vuelvan al sistema público con un fin social concreto.

El alcance de la obligación de responder es amplio. Incluye a organismos de la administración central, entes descentralizados, empresas con participación estatal mayoritaria y concesionarios de servicios públicos. Incluso contempla a delegaciones de organismos nacionales que operan en Neuquén, siempre que la información solicitada tenga impacto en temas locales.

Un registro para medir el cumplimiento

Otro de los ejes de la iniciativa es la creación de un registro de cumplimiento, pensado como una herramienta de seguimiento permanente. Allí se dejaría constancia de qué organismos responden, cuáles lo hacen fuera de término y cuáles directamente no cumplen con los pedidos.

La intención es que este sistema permita ordenar el flujo de información y evitar que las solicitudes queden sin respuesta o se acumulen sin tratamiento. También apunta a reducir la discrecionalidad en la entrega de datos, especialmente en áreas sensibles como la información económica o técnica.

Desde el bloque impulsor sostienen que hoy no existe un marco claro que regule este tipo de requerimientos, lo que termina dificultando tanto la tarea legislativa como el acceso a la información por parte de la ciudadanía. En ese sentido, consideran que una ley de estas características podría aportar previsibilidad y mejorar los tiempos de respuesta del Estado.