Política
FOPEA cuestionó la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”
El Foro de Periodismo Argentino advirtió que la iniciativa vulnera la libertad de expresión y el acceso a la información.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó este jueves una “profunda preocupación y rechazo” ante la creación de la cuenta de X bautizada como “Oficina de Respuesta Oficial”, impulsada por la Presidencia. Según lo publicado por el Gobierno, la Oficina fue creada con el objetivo de “desmentir activamente la mentira” y exponer supuestas operaciones mediáticas. La entidad alertó que la iniciativa implica un riesgo institucional significativo y revive el debate sobre los límites del Estado respecto del discurso público.
FOPEA advirtió que la propuesta equivale a montar un “tribunal de la verdad” desde el aparato estatal, una práctica que —señalaron— contradice las garantías democráticas. También consideraron alarmante que la difusión de la cuenta haya partido de la oficina de Prensa de la Presidencia, lo que para la organización configura un mensaje oficial dirigido a disciplinar el debate público.
Como en «1984»: El gobierno lanzó su «ministerio de la verdad»
En su comunicado, FOPEA recordó que el Artículo 1 de su Código de Ética establece que la verdad periodística se construye a partir del rigor profesional, el chequeo de datos, la diversidad de fuentes y la honestidad intelectual, nunca desde la imposición de un dogma. “El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad desde una posición de poder”, remarcaron. En ese sentido, afirmaron que la noción de una “verdad oficial” es incompatible con una sociedad libre.
La entidad también señaló que el Gobierno utiliza recursos públicos para “vigilar, señalar y estigmatizar” el disenso mientras, en paralelo, restringe mecanismos de acceso a la información. Mencionaron como ejemplos la modificación por decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública, la ausencia de conferencias regulares y la eliminación de la vocería presidencial. A su criterio, estas decisiones consolidan un escenario en el que la transparencia estatal se ve cada vez más debilitada.
FOPEA recordó que en sus 23 años de trayectoria ha cuestionado iniciativas similares impulsadas por distintas administraciones, siempre bajo el mismo principio: el Estado debe garantizar la libertad de expresión y no auditar el discurso público ni hostigar a quienes informan. “El periodismo debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad puede clausurar el debate público”, concluyeron, al advertir que hacerlo socava la libertad de expresión y la rendición de cuentas.
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