boca de pozo
Rosatti advirtió que la reforma laboral podría quedar frenada durante años por fallos judiciales
El presidente de la Corte Suprema alertó que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de la ley y suspender su aplicación hasta que el máximo tribunal unifique criterio.
La eventual aprobación de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei podría abrir un prolongado frente judicial y quedar virtualmente paralizada durante meses o incluso años. Así lo advirtió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, al explicar que el sistema argentino de control de constitucionalidad habilita a cualquier juez a frenar la aplicación de una norma si considera que viola la Constitución.
“El control de constitucionalidad en la Argentina es un control difuso”, señaló Rosatti en una entrevista con Perfil. Y explicó que ese esquema permite que distintos tribunales adopten decisiones contradictorias, lo que puede trabar la vigencia práctica de una ley hasta que la Corte intervenga y fije una doctrina común. “Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”, remarcó.
El antecedente de la Ley Bases
El titular del máximo tribunal recordó que un escenario similar ya se produjo con el capítulo laboral de la Ley Bases, que fue declarado inconstitucional por un juez del fuero laboral y aún no cuenta con una resolución definitiva de la Corte. Ese antecedente, advirtió, expone con claridad los límites del intento oficial por avanzar rápidamente con reformas estructurales sin un consenso jurídico sólido.
En ese marco, Rosatti fue enfático al subrayar que el sistema vigente no impide que los jueces se aparten incluso de fallos previos del máximo tribunal. “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, afirmó, dejando en claro que una eventual reforma laboral podría enfrentar múltiples cautelares y fallos adversos en distintas jurisdicciones del país.
¿Una cláusula para limitar a los jueces?
Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore una cláusula que obligue a los tribunales inferiores a acatar automáticamente los fallos de la Corte, Rosatti respondió con cautela. Señaló que el Parlamento podría intentarlo, pero que esa norma también sería objeto de impugnación judicial. “Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, explicó.
Sólo en el caso de que el máximo tribunal avalara esa herramienta, añadió, podría evitarse la reiteración constante de litigios sobre los mismos temas. Sin embargo, dejó en claro que hoy ese mecanismo no existe y que el sistema continúa funcionando con amplios márgenes de discrecionalidad judicial. Dicho así, no queda claro si las declaraciones de Rosatti deben ser interpretadas como una advertencia o como un consejo. Seguro en el Gobierno hay buenos entendedores para pocas palabras.
Rosatti también puso en números el impacto práctico del actual esquema. Reveló que el 60% de las causas que resuelve la Corte provienen del propio Estado, especialmente en materia previsional, y cuestionan decisiones que el tribunal ya adoptó en reiteradas oportunidades. “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo”, ironizó.
La advertencia del presidente de la Corte suma un nuevo elemento de incertidumbre al debate por la reforma laboral. Más allá de su eventual aprobación en el Congreso, el propio jefe del Poder Judicial dejó claro que el verdadero campo de batalla podría trasladarse a los tribunales, donde la ley podría quedar atrapada en un limbo judicial prolongado, con efectos concretos sobre su implementación y sobre el mundo del trabajo.
