Política
Javier Milei defendió la informalidad financiera de Manuel Adorni: «Quedó claro que no mintió»
El presidente de la Nación respaldó los ahorros no declarados de su jefe de Gabinete.
El presidente Javier Milei cerró filas en torno a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la fuerte polémica desatada por su declaración jurada patrimonial. El mandatario buscó blindar políticamente a su funcionario de mayor confianza al compartir un mensaje en su cuenta de X donde expresó de forma tajante que «quedó claro que no mintió» respecto a la evolución de sus bienes. La estrategia de defensa de la Casa Rosada valida institucionalmente el uso de mecanismos financieros marginales por parte de los propios miembros del Poder Ejecutivo.
La controversia escaló cuando el propio Adorni reconoció públicamente haber recurrido a ahorros informales, argumentando de manera textual que «la manera de escaparte de la vieja política era ahorrar en negro». Lejos de tomar distancia de una conducta que colisiona de frente con las normativas contra la evasión fiscal, Milei elevó el tono de su defensa y elogió los argumentos del ministro coordinador: «Explicó todo perfecto y completo Adorni».
El respaldo irrestricto de Milei expone una profunda contradicción ética e institucional dentro del relato oficialista de la transparencia y el orden macroeconómico. Mientras la administración nacional exige el cumplimiento de metas fiscales estrictas a la ciudadanía y aplica severas desregulaciones en servicios e insumos básicos, convalida que sus más altos dignatarios operen por fuera del sistema bancario y tributario. La validación presidencial del «ahorro en negro» vacía de contenido la autoridad moral del Estado para combatir la informalidad laboral y económica, un flagelo estructural que afecta a más de la mitad del entramado productivo del país.
Para la Casa Rosada, las sospechas judiciales sobre las transacciones en el country Indio Cua se encuentran saldadas con el simple «mea culpa» administrativo que realizó el funcionario al rectificar sus declaraciones de los períodos 2023 y 2024. Al priorizar la lealtad interna por sobre el rigor de los estándares de la función pública, el Ejecutivo establece un peligroso precedente donde la justificación ideológica de la evasión basta para disolver cualquier demanda de control republicano.
