La salud mental en debate: ¿reforma necesaria o retroceso histórico?

El Gobierno de Javier Milei tiene listo un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental y lo enviará al Congreso en los próximos días. Los cambios propuestos tocan puntos sensibles: cómo se diagnostica, cuándo se puede internar a alguien en contra de su voluntad y qué modelo de atención debe seguir el sistema. Lo que parece una discusión técnica, en realidad esconde una disputa mucho más profunda sobre derechos, recursos y hacia dónde va el país en materia de salud mental.

Sabrina Contreras, presidenta del Colegio de Psicólogos de Neuquén, no se anduvo con rodeos cuando fue consultada en el programa Mañanas en Red: «Es volver al 1800, cuando a la gente le ponían chalecos de fuerza y la empastillaban». Para ella, el problema no es la ley actual sino su falta de implementación. Y eso, dice, es lo que nadie quiere reconocer.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa oficial apunta a reemplazar el concepto de «padecimiento mental» — que el oficialismo considera demasiado ambiguo — por clasificaciones basadas en estándares internacionales como el CIE-10. Además, cambia el criterio de intervención: en lugar de centrarse en el estado de la persona, se pasaría a considerar si existe «riesgo de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros».

En materia de internaciones, la reforma mantiene el principio de que deben ser un recurso excepcional, pero amplía los márgenes para aplicarlas. Un médico psiquiatra podría indicar una internación involuntaria en situaciones de urgencia, con ratificación interdisciplinaria dentro de las 24 horas. También se extiende de 10 a 24 horas el plazo para notificación judicial. Y en un punto que generó particular polémica, si un paciente internado voluntariamente pide el alta pero se considera que su capacidad está comprometida, la internación podría volverse involuntaria con intervención de la Justicia.

El texto también reconoce que el modelo de atención actual «no siempre resulta viable» por limitaciones de infraestructura y personal, y plantea una red organizada por niveles de complejidad que incluya hospitales especializados, servicios ambulatorios, dispositivos comunitarios y residencias asistidas.

El argumento que más incomoda

Lo que más molesta a los profesionales del sector no son tanto los cambios en sí mismos, sino cómo se construyó el proyecto. Contreras fue directa: «El ministro de salud se encerró con Adorni y terminó de armar el texto». Sin consultas a colegios profesionales, sin convocar a las federaciones, sin proceso participativo. «Se reúnen personas que no saben del tema y toman decisiones en base a sus ideologías», señaló.

Desde la Federación de Psicólogos, la postura es clara: no se necesita una nueva ley sino cumplir la que ya existe. Y ahí aparece el dato más contundente del debate. La Ley de Salud Mental establece que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental. Hoy no llega al 2%. Tampoco existe en todas las provincias el órgano de revisión que la ley contempla para monitorear su cumplimiento — aunque Neuquén es una de las pocas que sí lo tiene y funciona.

«Si tenés el presupuesto, podés tener las casas de medio camino, los profesionales, las instituciones disponibles. Eso es lo que falta», explicó Contreras. Desde esa perspectiva, reformar la ley sin resolver el financiamiento sería como cambiar las reglas de un partido que nunca se jugó como corresponde.

La discusión llega al Congreso con texto final cerrado. Lo que sigue es ver si los legisladores abren el debate a quienes trabajan en el campo o si el trámite sigue el camino acelerado que caracterizó a otras reformas de la actual gestión.