Ley de Glaciares: el oficialismo busca acelerar la reforma para seducir inversores

Tras el éxito obtenido en el Senado el pasado 26 de febrero, el oficialismo no pierde tiempo y este miércoles pone en marcha el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para tratar la reforma a la Ley de Glaciares. La intención del Gobierno es clara: avanzar con una normativa más flexible que permita destrabar proyectos millonarios en megaminería e hidrocarburos. El debate comenzará a las 10 de la mañana bajo la conducción de los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, encargados de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, respectivamente.

La urgencia parlamentaria tiene un trasfondo estratégico ligado a la agenda internacional de Javier Milei. El Presidente viajará a Nueva York para participar del «Argentina Week 2026» entre el 9 y el 12 de marzo, y su objetivo es presentar la reforma como una garantía de seguridad jurídica para los capitales extranjeros. Mostrar una media sanción o, idealmente, un dictamen de comisión en la Cámara baja, funcionaría como un imán para atraer inversiones extractivistas hacia las provincias cordilleranas, cuyos gobernadores vienen reclamando una legislación menos «rígida» que la actual.

El núcleo de la discordia reside en la redefinición de las zonas protegidas. El proyecto busca modificar la Ley 26.639 para permitir la exploración económica en áreas periglaciares que hoy están blindadas. La propuesta oficial distingue entre las formaciones que son reservas hídricas estratégicas y aquellas que no cumplen una función vital para las cuencas, abriendo estas últimas a la explotación. Además, la reforma transfiere facultades a las provincias para que decidan qué zonas proteger, reduciendo el control directo del Estado nacional.

¿Cómo votaron los senadores neuquinos la reforma a la Ley de Glaciares?

Desde la oposición y las organizaciones ambientalistas, el rechazo es tajante. Advierten que eliminar la prohibición automática en áreas periglaciares pone en riesgo reservas de agua dulce esenciales para el consumo humano y el equilibrio climático. La normativa vigente desde 2010 protege tanto el hielo visible como los suelos congelados; la nueva ley, en cambio, permitiría actividades industriales y mineras siempre que una evaluación de impacto ambiental lo autorice, algo que para los críticos deja la puerta abierta a la degradación irreversible de ecosistemas frágiles.

Aunque la prohibición de actividades contaminantes se mantiene para los glaciares propiamente dichos, el texto introduce al IANIGLA y a la Secretaría de Energía como encargados de confeccionar un nuevo Inventario Nacional de Glaciares. Este relevamiento será técnico, pero su aplicación política es lo que preocupa: determinar qué es «estratégico» y qué es «explotable» será la base de la nueva matriz económica que el Gobierno pretende consolidar antes de que termine el mes, buscando que la reforma sea ley definitiva en tiempo récord.