La CGT desembarca en Washington y lleva el conflicto por la reforma laboral a la puerta del FMI

La Confederación General del Trabajo (CGT) prepara su primer desembarco oficial en Washington tras la aprobación de la reforma laboral. La misión estará liderada por Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central y referente de la Uocra, quien buscará un cara a cara con Kristalina Georgieva y el staff técnico del Fondo Monetario Internacional. El objetivo es dejar asentado ante el organismo que la nueva normativa no cuenta con el consenso de los trabajadores y que la «paz social» está en riesgo por la falta de diálogo tripartito.

Aunque el encuentro formal, convocado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), tiene como eje el impacto de la robótica y la inteligencia artificial en el empleo, Martínez confirmó que llevará la interna argentina a la mesa de discusión. El dirigente expondrá el «rechazo unánime» del sindicalismo local, unificando la postura de la CGT con ambas CTA. Para los gremios, la reforma no es una herramienta de modernización, sino una medida flexibilizadora que el Gobierno impulsó precisamente por exigencia del propio FMI.

La estrategia de la central obrera busca evidenciar una contradicción en el discurso del Fondo. Mientras la vocera Julie Kozack elogió la reforma al expresar que ayudará a bajar la informalidad, desde la calle Azopardo advierten que estas políticas solo profundizarán el quiebre del tejido social. Martínez insistirá en la necesidad de un «nuevo contrato social» que ordene las políticas monetarias en función de la economía real, proponiendo incluso la creación de un salario universal como piso de protección ante los avances tecnológicos que amenazan con reemplazar millones de puestos de trabajo.

Este viaje se produce en un momento de alta tensión judicial. El equipo legal de la CGT ya tiene listos los amparos para impugnar la ley, aunque han decidido esperar a su promulgación oficial para presentarlos en los tribunales. Según los técnicos de la central, es necesario que la norma esté vigente para demostrar un «daño concreto» y evitar que la justicia desestime el planteo por cuestiones de forma. Esta ofensiva en los tribunales será el respaldo institucional a las protestas que ya se sintieron en las calles con el paro general de febrero.

La relación de Gerardo Martínez con los organismos multilaterales no es nueva; el dirigente suele mantener estos contactos de forma anual. Sin embargo, el contexto actual le da una relevancia política inédita. Al haber participado recientemente en el Consejo de Mayo, Martínez se posiciona como un interlocutor de peso que puede hablar tanto con los libertarios como con los burócratas de Washington, pero esta vez lo hará para denunciar que el Gobierno ha ignorado sistemáticamente las demandas de los representantes del trabajo.

En definitiva, la CGT busca internacionalizar el conflicto laboral argentino. Al llevar sus quejas directamente a la sede del FMI y el Banco Mundial, el sindicalismo intenta condicionar el respaldo que estos organismos le brindan al plan económico de la Casa Rosada. La apuesta es ambiciosa: convencer a los acreedores de que la reforma laboral, lejos de ser la solución a la informalidad, podría convertirse en el detonante de una inestabilidad social difícil de contener para cualquier gestión.