Política
La Justicia ordenó aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario y suspendió el decreto del Ejecutivo
Un juzgado federal dejó sin efecto de manera cautelar el decreto que había frenado la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
La Justicia federal ordenó este martes al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, en forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de los salarios docentes y las becas estudiantiles.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, según confirmaron fuentes judiciales.
El decreto fue declarado inaplicable
En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el punto en que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a una definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.
Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
Cormick sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional, no resulta admisible “una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de una ley.
Salarios docentes y becas estudiantiles
La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles.
La cautelar tendrá vigencia hasta que se dicte la sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
Impacto en derechos laborales y educativos
En los fundamentos del fallo, el juez advirtió que el incumplimiento del deber normativo genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al señalar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del sector universitario.
También afirmó que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos, y rechazó el argumento del interés público planteado por el Gobierno.
En ese sentido, indicó que el deterioro salarial no solo afecta a los trabajadores universitarios, sino también al derecho a enseñar y aprender, y remarcó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.
El fallo cuestionó además la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante un decreto de jerarquía inferior.
Si bien la resolución aclaró que se dicta en una instancia preliminar y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, el juez consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento universitario.
