Neuquén
La Provincia apelará las condenas por el fraude de los planes sociales y exigirá la devolución total del dinero
La Fiscalía de Estado buscará que se revoque la calificación del delito y se aplique la figura de asociación ilícita.
El gobierno de la provincia del Neuquén confirmó que apelará las condenas dictadas en la causa por el fraude de los planes sociales, al considerar que las penas impuestas a doce ex funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez no reflejan la gravedad del daño causado al Estado y a las familias más vulnerables. A través de la Fiscalía de Estado, la Provincia exigirá penas más severas y la devolución total de los fondos sustraídos, en una señal política que busca posicionar al gobierno en la lucha contra la corrupción .
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el entramado que funcionó entre 2020 y 2022 constituyó una verdadera asociación ilícita, con roles definidos, continuidad en el tiempo y un objetivo claro: desviar recursos públicos destinados a la asistencia social. Por ese motivo, la apelación apuntará a que el tribunal de alzada recalifique los hechos y aplique sanciones que podrían alcanzar hasta diez años de prisión.
“No se trata solo de castigar, sino de sentar un precedente”, remarcan en el gobierno neuquino. El objetivo es desalentar de manera contundente cualquier intento futuro de delinquir desde el Estado, especialmente cuando se trata de fondos destinados a sectores en situación de extrema vulnerabilidad.
Un mensaje político de fondo
El gobernador Rolando Figueroa viene marcando desde el inicio de su gestión un quiebre con las prácticas de la vieja política. La eliminación de contratos innecesarios, el recorte de la planta política, la baja de alquileres de vehículos y la revisión de obras irregulares fueron las primeras señales. La decisión de ir a fondo contra el fraude de los planes sociales consolida ese rumbo.
Desde la Fiscalía de Estado señalaron que durante el juicio quedó acreditada la existencia de un mecanismo criminal aceitado, que operó incluso en plena pandemia, cuando miles de familias neuquinas atravesaban situaciones críticas. “Aprovecharse de esa fragilidad social no es solo un delito penal: es una traición ética de enorme magnitud”, subrayaron.
Recuperar hasta el último peso
Además del plano penal, la Provincia avanza en acciones civiles para recuperar el dinero robado. Si bien el perjuicio económico inicialmente acreditado fue de 153 millones de pesos, las actualizaciones y nuevas pruebas elevan hoy ese monto a más de 1.200 millones. El objetivo oficial es claro: reparar integralmente el daño al patrimonio público.
“La respuesta judicial debe proteger los recursos del Estado y la confianza de la ciudadanía”, indicaron desde el organismo, que anticipó que no desistirá de ninguna vía legal hasta lograr la restitución total de los fondos.
La causa, que involucró a funcionarios de alto rango del ex gobierno del MPN —entre ellos el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y otros jerarcas como Ricardo Soiza—, sacudió a la sociedad neuquina y marcó un punto de inflexión.
