boca de pozo
El niño M: cuando el escándalo tapa el bosque
El caso abrió el debate sobre el rol de la justicia en la obstrucción del vínculo de los niños con sus padres.
El pasado miércoles, un operativo en un jardín de infantes de nuestra ciudad de Neuquén puso un punto final, al menos por ahora, a la larguísima historia de un niño de 5 años. Se trata del caso del niño M, quien fue restituido a su padre después de que la Justicia confirmara lo que ya todos sabían: su madre había obstruido el vínculo paterno-filial durante cinco largos años.
La escena en la puerta del jardín, con la madre y su familia armando un escándalo, y el padre como funcionario provincial, es lo que acaparó los titulares. Y es lógico que genere revuelo. La imagen de un chico en medio de personal judicial y policial es, a todas luces, perturbadora. Pero, ¿nos estamos quedando en la cáscara y perdiendo el fruto? ¿No será que el árbol de este escándalo nos está impidiendo ver el bosque de la problemática real?
Porque el caso de M no es el de un funcionario con privilegios. Es el de un niño al que, por la guerra de los adultos, solo le permitieron ver a su padre 62 horas en cinco años. Es la historia de una Justicia que, pese a sus tiempos paquidérmicos, se vio obligada a actuar para proteger el interés superior del menor, tal como lo exige la ley.
La sentencia, avalada por diez jueces (la mayoría mujeres), es contundente: la conducta de la madre fue obstructiva y violenta, poniendo en riesgo el bienestar del chico. El broche de oro llegó con la reciente condena penal a la madre por ese mismo accionar. Como bien reza la doctrina, «en los casos de divorcio destructivo, el padre que ejercía la tenencia manipula en forma consciente o inconsciente al niño para causar el rechazo y obstruir la relación» con el otro.
Un maltrato que no deja moretones
El revuelo por el caso M no puede ser una cortina de humo. Debe servir para poner sobre la mesa la grave y extendida problemática de las madres que obstruyen el vínculo con los padres. Es una forma de maltrato infantil que no deja moretones, pero que causa daños devastadores en la psiquis del niño. Nuestro país fue pionero en legislar sobre esto con la Ley 24.270, que tipifica el impedimento de contacto como un delito. Y el Código Civil lo ratifica. Pero en la práctica, las denuncias se acumulan y la lentitud judicial se convierte en un aliado de los obstructores.

Otras provincias tienen un registro de obstructores en caso de detectar el impedimento del vínculo de un progenitor con el hijo cuando hay falsas denuncias. ¿Porqué no pasa en Neuquén?
La doctrina ya lo advierte: las separaciones conflictivas se vuelven un «compendio de estrategias desvinculantes». Se usan falsas denuncias de violencia o abuso para suspender las visitas y, en el medio, se manipula a los chicos, creando un daño que a menudo es irreversible. Mientras provincias como Santa Cruz, Mendoza y Río Negro ya tienen registros de obstructores, para que la sanción sea más que un papel, en Neuquén todavía se duda.
Esta inacción judicial, que durante décadas ha permitido a las madres obstruir el vínculo de por vida, encuentra su raíz en una perspectiva de género mal entendida, que ha inclinado la balanza de forma casi automática hacia el progenitor materno. Muchos jueces, más preocupados por su cargo que por la carga que llevan sus expedientes, se han negado a hacer cumplir sus propias sentencias, dejando a los padres sin herramientas y a los niños en un estado de desprotección emocional.
La sombra de otros casos trágicos
Si la Justicia neuquina actuó con la contundencia de un operativo, es porque quizás aprendió una lección de otras tragedias. La más resonante es la de Lucio Dupuy, un niño de 5 años brutalmente asesinado por su madre y la pareja de esta, a quienes la Justicia les había devuelto la tenencia a pesar de las advertencias de la familia paterna. El caso de Lucio dejó al descubierto la fragilidad del sistema y la inacción de los funcionarios. El colmo de la indignación llegó cuando la jueza que le entregó a Lucio a sus asesinas fue absuelta de las acusaciones de mal desempeño.
Pero el caso de Lucio no es el único. La reciente y estremecedora confesión de Tomás Ghisoni en un video, donde admite que mintió al denunciar a su padre por abuso sexual, también nos obliga a revisar el accionar de la Justicia. «Fui víctima de un entorno que me enseñó a repetir un relato», dijo Tomás, quien relató cómo su madre lo manipuló para testificar en contra de su padre. Este último estuvo tres años preso hasta que fue absuelto. El propio Tomás lo resumió: «Perdí a mi familia y a mi papá durante más de una década». Su confesión es un grito de alerta: las denuncias falsas también son una forma de abuso.
El contraste con el caso de M es revelador. En uno, la inacción judicial terminó en un crimen atroz. En otro, la falta de acción condujo a la destrucción de una familia y a años de injusticia. En el caso de M, la Justicia, aunque tarde, finalmente actuó para evitar un daño mayor.
La gran pregunta para Neuquén
El escándalo mediático y la polémica por el operativo y la posición del padre no deben desviar el foco. La pregunta es: ¿por qué los jueces deben llegar al extremo de un operativo policial para hacer cumplir una sentencia? ¿Y por qué en Neuquén, a pesar de que la problemática ha sido reconocida, el proyecto de ley para crear un Registro de Obstructores de Vínculo que ingresó en 2020 nunca fue sancionado?
El caso de M, con su condena penal y la polémica restitución, ¿servirá para que la provincia de Neuquén retome la discusión y se ponga al día con otras provincias, o será solo un escándalo más que se diluirá con el tiempo?




