Amnistía Internacional (AI) lanzó su Informe Anual sobre el Estado Mundial de los Derechos Humanos y Argentina fue una de las advertencias más fuertes del documento. La organización puso el foco en los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei, a los que acusó de provocar un fuerte retroceso en políticas públicas vinculadas a género, niñez, derechos económicos y libertades civiles.
Según el informe, en un contexto donde persiste una alarmante tasa de femicidios —uno cada 33 horas en 2024—, el Estado redujo drásticamente los servicios de atención a víctimas. La línea 144 perdió el 42% de su personal y el programa Acompañar, que brindaba apoyo económico a mujeres en situación de violencia, fue recortado en un 98,63% respecto del año pasado.
También se denunció el deterioro en derechos sexuales y reproductivos: si bien la ley de interrupción voluntaria del embarazo sigue vigente, hubo escasez de insumos para abortos y un fuerte ajuste sobre el Plan de Prevención de Embarazos No Planificados en Adolescentes, que había logrado una reducción del 49% en los casos.
En otro apartado, el informe de AI alertó sobre el incremento de la violencia digital contra periodistas, especialmente mujeres. El 63,5% de las periodistas dijo haber sufrido violencia online, el 85,6% reportó acoso o troleo, y el 45,9% amenazas o acoso sexual. Además, se cuestionó la implementación de vigilancia masiva por parte del Ministerio de Seguridad, que incluiría monitoreo de redes sociales, reconocimiento facial y análisis predictivo de delitos.
En cuanto a la protesta social, Amnistía advirtió por el “creciente nivel de represión” tras la aplicación del nuevo protocolo de orden público impulsado por Patricia Bullrich. También cuestionó el cierre de la Unidad de Investigación sobre niños desaparecidos durante la dictadura, marcando un retroceso en materia de memoria y justicia.
En el plano económico, la organización sostuvo que los recortes afectaron con mayor dureza a niñas, niños y personas mayores, mientras se beneficiaba a grandes empresas con exenciones fiscales y se vetaban aumentos a las jubilaciones.
Un informe que pone al gobierno de Milei en el centro del radar internacional en materia de derechos humanos.